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Carlos Contreras

En julio del 2013 se creó el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y recién un año después, en marzo del 2014, empezó a implementarse en una región del país: en San Martín. Este empadronamiento obligatorio, según el Gobierno, busca tener identificados a los obreros para diferenciarlos de los delincuentes infiltrados en este sector. Sin embargo, el proceso aún no tiene resultados claros.

Según la División de Protección de Obras Civiles de la Policía, en el 2013 la violencia en construcción civil dejó 48 personas muertas; en el 2014, 38 y en lo que va del año la cifra supera los 30 fallecidos vinculados a cobros de cupos y extorsiones en obras. Una de las últimas víctimas fue el dirigente de un seudosindicato de construcción civil, Gary Suárez Huamaní (38), quien fue asesinado de 10 balazos dentro de su casa en Ventanilla, Callao.

Se sabe que las bandas criminales exigen a las constructoras entre el 2% y 5% del monto total de la inversión y hasta un 30% de los puestos de trabajo, que luego los "venden" a los obreros por no menos de 300 soles. Estos últimos además deben pagar semanalmente entre 10 y 20 soles para asegurar su plaza. Es por ello que existen pugnas entre los mismos seudosindicatos.

Pero, ¿qué pasa? ¿por qué esta estrategia no se siente? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aclara que la implementación de este registro de obreros se está dando de manera progresiva. En la región San Martín (donde empezó como plan piloto en el 2014) se tiene inscritos a unos 3 mil trabajadores, a quienes se les exigió los certificados de antecedentes penales, judiciales, policiales y laborales. 

Este año, el empadronamiento recién empezó en Arequipa (junio) y Lambayeque (julio). En la primera se espera acreditar a más de 17 mil y en la segunda a más de 6 mil obreros. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, las empresas con proyectos en estas regiones deben contratar únicamente a los obreros inscritos en el registro. El incumplimiento de esto es calificado como una falta grave. Esta medida alcanza a las compañías que realicen obras cuyos costos excedan las 50 UIT (192 mil 500 soles), incluyendo las contratistas o subcontratistas. El registro es gratuito y se le acredita con un carné que tendrá una vigencia de dos años.

Sin embargo, hay críticas. El secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, agremiada a la CGTP, Luis Villanueva Carbajal, precisa que la implementación de este sistema recién se ha dado en tres regiones, tras dos años de creado. Además, afirma que es "muy fácil vulnerarlo", ya que los seudosindicatos que acogen a delincuentes pueden presentar documentos falsificados para cumplir con la ley. "Ahora se trata de eliminar la afiliación automática de seudosindicatos y obreros que empezó en el 2008, en el gobierno de Alan García. No obstante, este registro es deficiente porque no ofrece seguridad al momento de la verificación de certificados".

Precisamente, las demoras que originan que no se aplique este empadronamiento en más regiones del país tienen que ver con la seguridad, señala el sector Trabajo.

Este sector refiere que la implementación depende de las capacidades y el presupuesto de cada Dirección o Gerencia Regional de Trabajo, en asuntos como recursos humanos, infraestructura, logística, equipos informáticos, sistema de redes, comunicaciones con actores sociales, entre otros.

Ahora bien, se anuncia que antes de finalizar el 2015 las regiones de Ica y Puno, así como algunas provincias de Lima contarán con este registro de trabajadores al haber verificado estas exigencias. 

Al respecto, una fuente de las Fiscalías contra el Crimen Organizado considera que se debería agilizar la aplicación de este sistema en La Libertad y el norte y sur chico de Lima, por el número de crímenes que se registran en esos lugares.

Precisamente sobre esto, el gobierno decretó, el domingo, que el pago de las cuotas sindicales se harán vía bancaria. Otra medida que se evalúa es que ningún miembro de las juntas sindicales haya sido condenado por homicidio, extorsión, secuestro, asociación ilícita, robo agravado, tenencia ilegal de armas y reglaje. Además se estudia que las municipalidades informen a las comisarías sobre los permisos de construcción que hayan otorgado para que haya patrullaje de policías.

También se ha creado el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil que, desde febrero del 2014, está implementado. Aparece en el portal web del sector Trabajo. Ahí, las empresas deben informar sobre sus proyectos. 

470

delincuentes, que están libres o recluidos en algún penal del país, dirigen las mafias de construcción.

14

dirigentes asesinados registra desde hace 4 años la Federación de Trabajadores de Construcción Civil.

5%

del monto total de la obra es exigido como cupo por las mafias de construcción.