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La detención del presidente regional de Áncash, César Álvarez, acusado de liderar una organización criminal mafiosa y corrupta, que reclutó personal para realizar ominosos actos delictivos, es solo la punta del iceberg de un gravísimo problema social, pero también político e institucional.

La ciudadanía saluda, por fin, que luego de mucho tiempo se haya dado una reacción del Estado, pero esta ha tenido que ser de tipo policial, ante la imposibilidad de que otras entidades del Estado pudieran ejercer algún tipo de control político o de otra naturaleza, a pesar de las gruesas irregularidades de toda laya que se habían convertido en “la regla” y no la excepción regional: Mal manejo de fondos públicos, corrupción desbordada, tráfico de influencias, uso y abuso de fondos públicos para fines proselitistas y proyectos reeleccionistas, y un sinfín de tropelías que, como en el caso ancashino, son más propias de una mafia criminal.

No se puede generalizar, pero la verdad es que problemas similares se vienen denunciando en Tumbes, Cajamarca y otras regiones, donde los presidentes regionales se han convertido en caciques que reinan a su antojo y capricho, no para servir a los ciudadanos, como es deber de toda autoridad, sino para servirse del Estado con fines protervos.

Sin embargo, esta realidad no es nueva. Y es que, tal como se constituyeron las regiones, se han convertido en feudos mafiosos, a los que ni el Congreso puede tomar cuentas o fiscalizar. El objetivo de descentralizar es loable y necesario en un país con larga tradición y abuso centralista, pero la manera en que se gestó y desarrolló el proceso de regionalización fue sumamente improvisado, desordenado y politiquero, con las consecuencias trágicas que vemos ahora. En el 2002 se dio la Ley de Bases de Descentralización y ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sin un análisis exhaustivo de sus alcances y límites, sin preparar a los políticos regionales y sin que los ciudadanos entendieran la trascendencia del asunto.

Luego, se creó las regiones sobre lo que eran los antiguos departamentos, lo que era realmente una burla al sistema y al objetivo. Y, con presidentes regionales ya asentados en lo que ellos consideraban autonomías casi absolutas para hacer y deshacer, y con partidos políticos debilitados y con poca presencia en el interior, se cerró la puerta al proyecto de macrorregiones, que tenía más sustancia y podría haber coadyuvado al objetivo descentralizador.

A ello habría que agregar el factor económico: a la poca capacidad de los gobiernos regionales para elaborar proyectos técnicos de factibilidad (algunos se dedicaron a construir obras faraónicas o ridículas como el monumento a la maca y otros), se agregan los cuantiosos fondos del canon que algunos recibían, lo que convirtió algunas elecciones regionales en carreras de ambiciosos que solo querían controlar un botín apetitoso.

¿Qué hacer? Ante todo, ante la amplitud de la red mafiosa de Áncash, que comprende desde alcaldes y dirigentes de construcción civil hasta periodistas, fiscales, alcaldes y aun congresistas, tiene que darse todo el apoyo, al más alto nivel, al equipo de fiscales y jueces a cargo de este caso tan complejo en la lucha contra la corrupción y el sicariato político. Los juicios tienen que seguir adelante, sin retrocesos y dentro del debido proceso.

Lo que pase con la mafia ancashina será fundamental y emblemático no solo para dar un mensaje claro contra la impunidad sino también para disuadir a otros políticos regionales de emular el repudiable modelo de mafia criminal dentro del Estado que escandaliza y aterroriza a todos.

En otro ámbito, principalmente en el Congreso, sin ánimo de revanchismo ni aprovechamiento, debe retomarse de modo urgente el debate sobre los ajustes al esquema regionalizador vigente, que hace agua por varios lados. Prohibir la reelección regional no es suficiente (aunque esta medida tendría que extenderse a otras autoridades para ser equitativos), sino que también debe abordarse las prerrogativas de los consejos regionales, actualmente atados de manos ante los estropicios del presidente regional, así como formas coherentes, motivas y factibles de vacancia.

La figura de la revocatoria igualmente tiene que ser revisada, para lo cual el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto interesante, que propone que las autoridades revocadas sean reemplazas por suplentes, lo que ahorraría convocar a nuevas y engorrosas elecciones complementarias.

A nivel político también, y esto es fundamental, el Congreso tiene que afirmar su primacía como poder del Estado al que la mayoría ciudadana, dentro del sistema democrático, delega su mandato para legislar y fiscalizar la marcha del Estado y la cosa pública. Esto implica, en el caso presente, que se imponga la obligación de los gobiernos regionales de rendir cuentas al Poder Legislativo. Es lo que corresponde en un Estado unitario, como es el Perú, donde no se puede permitir más excesos por parte de quienes forman parte de ese Estado, pero actúan como si fueran reparticiones que responden a caudillos que utilizan ese poder para entornillarse y cometer crímenes de la peor calaña.

El proceso descentralizador no puede seguir siendo desvirtuado, por lo que hay que actuar ahora. Dentro de las reformas pendientes, las de modificación del esquema regional tienen que ser absolutamente prioritarias.