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JAVIER BARREDA I BÚFALO DE PRADERA

¿La regionalización es sinónimo de corrup­ción? Para muchos sí. ¿Pero el Estado cen­tralista peruano ha sido aca­so expresión de virtud, de transparencia, de “corrup­ción cero”? Claro que no. El desfalco guanero del Siglo XIX no se construyó des­de las provincias sino, ma­yoritariamente, desde familias civilistas y limeñas. El fujimo­rismo -según Transparencia Internacional- ocupó el pues­to 7 del ranking de los gobier­nos más corruptos del mundo y fue ultra centralista en una alianza anti-partido entre mi­litares, mercantilistas y tecnó­cratas.

Las regiones tienen proble­mas en el diseño de política: ausencia de contrapesos inter­nos y de elementos técnicos, así como desmadres y robos por clanes familiares. Empero, ello no nos puede hacer olvi­dar que el centralismo perua­no, desde mucho antes que la regionalización, ya reproducía mercantilismos, prebendas, clientelaje, patrimonialismo y corrupción.

La regionalización posfuji­morista cargó herencias y vino con recursos que crecían cada año. En el año 2000 el canon minero equivalía a 90 millones de soles; en el 2011 llegó has­ta 5,100 millones; luego bajó pero no tanto. ¿Estos inéditos recursos del canon hubiesen sido mejor ejecutados desde la centralidad de los Ministerios (con conflictos de intereses, por ejemplo) o desde unida­des ejecutoras conducidas des­de Lima? No estemos seguros. Existe en la regionalización una reproducción de vicios na­cionales o un sub-centralismo injusto que perjudica a los dis­tritos más alejados. A su vez, fueron casi nulos los mecanis­mos de control y supervisión desde el gobierno central.

El modelo de descentraliza­ción concibe al gobierno con funciones rectoras, con más elaboración y definición de políticas que ejecución, y con una creciente transferencia de funciones y responsabilida­des a regiones y municipios. Se hubiesen podido evitar situa­ciones críticas y excesos regio­nales si la Contralaría, el Minis­terio Público, el Poder Judicial, el MEF y otras instituciones de alcance nacional no hubiesen sido tan débiles en sus funcio­nes de monitoreo, regulación, capacitación, supervisión y orientación a los gobiernos re­gionales y locales.

Se han retroalimentado “cadenas de anti-valor” ci­mentadas en una corrupción desde Lima a las regiones y viceversa. La corrupción no es un mal ni regional ni cen­tralista exclusivamente. Está arriba y abajo; en las flaman­tes regiones y en las viejas instituciones del centralismo peruano, corroyendo espe­ranzas, matando la eficiencia y concentrado riquezas. Se le combatirá mejor y derrota­rá, con una mirada comple­ta y real de su origen y actual funcionamiento. Las culpas no son sólo regionales; revi­semos el modelo, pero no re­trocedamos.