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Christian Ninahuanca A.

Tras varios debates, cuartos intermedios, modificaciones, reconsideraciones, dichos y entredichos, tiras y aflojes, ayer el Pleno del Congreso de la República aprobó por 59 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones el dictamen de Ley del Servicio Civil, que fuera trabajado por la Comisión de Presupuesto.

Y es que desde que fue presentada la iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo el 9 de enero de este año, los cuestionamientos no tardaron en llegar desde las centrales sindicales estatales, porque consideran que atenta contra los derechos laborales.

Casi seis meses después, a las 9.00 de la mañana de ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto, Josué Gutiérrez, sustentó un texto sustitutorio, que incluyó las observaciones y sugerencias planteadas por legisladores de diferentes bancadas en la anterior sesión del Pleno que culminó a la una de la madrugada del 27 de junio, con el fin de llegar a un consenso.

Entre las principales modificaciones destacan el aumento del pago en las gratificaciones de Fiestas Patrias y Año Nuevo, así como por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que representarán el valor de un sueldo entero para cada servidor público.

Asimismo, sobre un artículo del proyecto que señalaba la "supresión de puestos de trabajo por motivos tecnológicos o científicos", se precisó que solo tendrá lugar de manera "excepcional y será fijada por la oficina de Recursos Humanos de la propia institución".

Sin embargo, estas modificaciones no resultaron suficientes para algunos legisladores, principalmente de las bancadas de Acción Popular -Frente Amplio, los fujimoristas, los apristas y sus aliados.

El parlamentario Yonhy Lescano dijo que solo se habían realizado "maquillajes" al dictamen, y que a su entender seguía representando un riesgo de despido masivo.

De la misma manera, el legislador Jorge Rimarachín cuestionó que la propuesta legislativa prohibiera en sus artículos 43 y 44 la mejora remunerativa de los trabajadores vía convenios colectivos.

Los oficialistas Daniel Abugattás, Teófilo Gamarra y Omar Chehade defendieron el dictamen, pues cada uno sustentó a su estilo que promoverá la meritocracia y dará beneficios laborales que antes no tenían los empleados públicos.

Luego de cuatro horas de debate, el parlamentario Josué Gutiérrez pidió un nuevo cuarto intermedio para redactar nuevas modificaciones al texto en debate.

La sesión del Pleno se reanudó a las 4 y 15 de la tarde, Gutiérrez explicó las nuevos aportes incluidos, como establecer la jubilación facultativa a los 65 años para los hombres, y a los 60 años para las mujeres; y otro para asegurar la autonomía e imparcialidad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

También se incluyó un texto para obligar a todas las entidades del Estado a publicar, antes del 31 de diciembre de cada año, las metas institucionales y los indicadores de desempeño previstos para el siguiente ejercicio fiscal, lo que evitará “sorpresas” entre los servidores públicos.

Además se aceptó sustituir las palabras “ineficiencia comprobada” por “desaprobado” en la manera en que se podría suspender al servidor público.

Los legisladores opositores continuaban reclamando por los riesgos de despidos masivos, pero el presidente del Congreso, Víctor Isla, puso a votación dos cuestiones previas.

La primera presentada por el parlamentario Manuel Dammert para que el proyecto de ley vuelva a la Comisión de Presupuesto, pero fue desestimada por 76 votos en contra, 24 a favor y 3 abstenciones.

La otra cuestión previa fue interpuesta por el presidente de la Comisión de Descentralización, Richard Acuña, para que la iniciativa sea remitida a su grupo de trabajo como comisión principal, pero también fue rechazada por 55 votos en contra, 44 a favor y 5 abstenciones.

Con el campo despejado, a las 4 y 40 de la tarde, Isla Rojas puso a votación el último texto sustitutorio del proyecto de Ley de Servicio Civil, siendo aprobado por 59 votos provenientes de Gana Perú, Perú Posible y algunos del Partido Popular Cristiano (PPC).

Esta decisión mayoritaria del Parlamento fue saludada casi inmediatamente por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien aseguró que esta ley no generará despidos masivos, y que por el contrario fomentará la meritocracia, la capacitación y la mejora en las competencias de los servidores públicos.

Josué Gutiérrez coincidió con el Premier en que "ha quedado claro que no habrá despidos masivos", por lo que resultaría inoportuno la realización de marchas de protesta contra esta norma legal.

La respuesta de los opositores no se hizo esperar, y el congresista Yonhy Lescano, en representación de la bancada Acción Popular-Frente Amplio anunció que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil, una vez que haya sido promulgada por el presidente Ollanta Humala.

Apoyarían esta iniciativa las bancadas de Solidaridad Nacional, Concertación Parlamentaria (apristas) y probablemente los fujimoristas

PROMULGACIÓN. Tras la aprobación del dictamen de ley, la autógrafa de la Ley del Servicio Civil ha sido enviada al presidente de la República, Ollanta Humala, para que la promulgue en los próximos días.

PRESUPUESTO. La implementación del nuevo sistema laboral estatal se ejecutaría progresivamente y tendría un costo aproximado de S/. 2,328 millones anuales.

Trabajadores en Arequipa se enfrentan a policías en protesta contra Servir

Enfrentamientos, movilizaciones y bloqueo de vías fue el común denominador durante el primer día de protestas que iniciaron los trabajadores estatales de diferentes regiones del Sur contra la Ley de Servicio Civil.

En Arequipa, mientras el Congreso debatía el proyecto de ley, cerca de 5 mil estatales se enfrentaban a la Policía. 

Los problemas iniciaron en la intersección de las calles Jerusalén y San José. 

Allí un contingente policial intentó detener el paso de los manifestantes que iban dispuestos a lanzar huevos a la sede de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). 

La Policía les cerró el paso, lo que fue tomado como una provocación por los huelguistas que no dudaron en lanzar palos y puntapiés a los efectivos, que fueron sobrepasados en número y tuvieron que ceder.

Los trabajadores llegaron a la sede de administración tributaria y quemaron un cajón donde estaba escrito el nombre del presidente Ollanta Humala. 

Minutos después llegaron a la Gobernación, donde también lanzaron huevos. 

El punto más álgido de la jornada de protesta se vivió en el Puente Grau, al ingreso al Centro Histórico. Los servidores cerraron esta vía y quemaron llantas. La Policía respondió con bombas lacrimógenas. El resultado fue seis trabajadores heridos. 

La medida trajo como consecuencia la paralización de servicios de salud, donde se dejó sin atención a más de mil pacientes en hospitales de la región. Se suspendieron labores en la Universidad Nacional de San Agustín. No hubo audiencias en la Corte de Justicia. La atención en los municipios distritales y Provincial fue parcial. Los servidores públicos ahora exigen que el Ejecutivo no promulgue la ley y amenazan tomar instituciones y carreteras. 

En Cusco, más de 3 mil trabajadores del Poder Judicial, Educación, Salud y municipalidades alzaron su voz de protesta tomando la Plaza de Armas por 20 minutos. También declararon como personas no gratas a los congresistas Rubén Coa, Julia Teves y Agustín Molina por avalar la Ley. En Moquegua, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia iniciaron una huelga indefinida en rechazo a la mencionada ley. En Tacna, los trabajadores del Estado también se movilizaron, aunque de forma más pacífica. 

Ayer, luego de conocer la aprobación del proyecto de ley, los gremios acordaron mantenerse en paralización hasta el 4 de julio, día de protesta nacional. El viernes decidirán si inician una huelga indefinida.

Régimen exclusivo. Establece un sistema laboral único para los trabajadores de entidades públicas.

Implementación. Se realizará en forma progresiva en un plazo máximo de 6 años.

Clasificación. Los servidores públicos están agrupados en 4 niveles: funcionario, directivo, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. 

Sistema administrativo. Lo integran la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), las oficinas de Recursos Humanos de las entidades y el Tribunal del Servicio Civil. 

Voluntario. Los empleados públicos de los distintos regímenes laborales pueden o no, de acuerdo a su voluntad y previo concurso público, acogerse al nuevo sistema.

Gratificaciones. Un sueldo completo por Fiestas Patrias y otro por Navidad.

CTS. Un sueldo al año.

Vacaciones. Serán de 30 días y remuneradas. Beneficiará a los servidores del régimen CAS que actualmente solo tienen descanso físico por 15 días.

Negociación colectiva. Solo para condiciones de empleo y no para temas remunerativos.

Capacitación. De formación laboral (no conduce a grado académico) y profesional y técnica (obtención de maestrías). 

Evaluación. Es permanente. La evaluación califica a los servidores como personal de rendimiento distinguido, de buen rendimiento, sujeto a observación y desaprobado. Las entidades solo pueden calificar como personal de rendimiento distinguido hasta el 10% de los servidores civiles. Servir establece los métodos y criterios de evaluación. 

Huelga. Se ejerce una vez agotados los mecanismos de negociación o mediación.

Sindicalización. Reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse con fines de defensa de sus intereses. 

Despido. Se ejecuta cuando el trabajador es desaprobado tras la segunda capacitación. También cuando se suprime el puesto laboral debido a causas tecnológicas o se extingue la entidad pública. 

Periodo de Prueba. Solo para nuevos servidores (3 meses) 

Reingreso. Es posible después de dos años para los servidores de carrera en caso de la supresión de puestos. Ante la supresión de puestos, la garantía que se establece es que puede reingresarse al Servicio Civil en un plazo de 2 años para los servidores de carrera.

Jubilación. A los 65 años.

Servidores de confianza. Nunca será un número mayor del 5% del total de servidores públicos.

Seguridad Social y Pensiones. D.L. 276 y CAS tienen mayor remuneración pensionable.

Exentos. No están comprendidos en la ley los trabajadores de las empresas estatales, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como los servidores de municipios con menos de 20 trabajadores.