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Legisladores deben aprobar reforma para el recorte de mandato en dos legislaturas. Cronograma normal de nueve meses no permitiría relevo en julio de 2023. Advierten riesgos de fraude si este Congreso regula un plazo más corto.

La demanda sobre el adelanto de las elecciones generales ha cobrado fuerza esta semana y se expresa en las movilizaciones sociales en Lima y regiones. Una adecuada sucesión presidencial para julio del 2023; sin embargo, requiere de una secuencia de pasos. Todo depende del Congreso y los plazos tampoco son muy auspiciosos.


La Comisión de Constitución, a cargo de Fuerza Popular, ya aprobó el 5 de diciembre un primer dictamen sobre recorte del mandato presidencial y parlamentario hacia julio del 2023.

El texto; sin embargo, lejos de abrir un camino claro para tener elecciones generales con prontitud, deja varias dudas. En el Parlamento nunca se pronunciaron sobre la ruta para la aprobación del dictamen. Esto es fundamental: un recorte del mandato presidencial y parlamentario requiere de una reforma constitucional, y esto se aprueba en dos legislaturas.

La presente legislatura culmina en cuestión de seis días: el 15 de diciembre. El Parlamento tendría que aprobar el dictamen antes de esta fecha.

Si no lo hace, tendrían que esperar el inicio de la segunda legislatura, que es en marzo del 2023. A menos que la presión pública obligue al presidente del Parlamento, José Williams, a ampliar esta legislatura, lo cual daría cierto margen de acción.
El cronograma

Otro aspecto relevante es definir un cronograma electoral, con todos los plazos técnicos que incluyan aspectos claves como las primarias, las elecciones principales y la segunda vuelta presidencial.

El dictamen de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Hernando Guerra, establece unas elecciones por un plazo de solo cuatro meses.

De hecho, en los debates de la comisión se mencionó que ya la Constitución establece una opción de elecciones en un plazo célere de cuatro meses.

Jorge Jáuregui, abogado y experto en materia electoral, explica que hubo una inadecuada lectura de la Constitución.

“El plazo de los cuatro meses está regulado en el artículo 134 de la Constitución, pero es cuando el presidente cierra el Congreso y convoca únicamente a elecciones parlamentarias. Pero unas elecciones generales, que incluyan primarias y segunda vuelta, en solo cuatro meses es muy riesgoso”, expresó.

Jorge Jáuregui advierte que el Congreso tendría que aprobar un marco reglamentario especial. “Este Congreso ha demostrado un ánimo de golpe de Estado que no tiene precedentes. También el Jurado Nacional de Elecciones ha estado bajo ataque de este parlamento. Entonces, si quieren regular un cronograma de cuatro meses, eso abre la posibilidad de que ellos puedan seguir interfiriendo en las reglas electorales. Podrían hacer un fraude para ganar con trampa”, alertó.

En opinión de Jorge Jáuregui, las elecciones podrían programarse para una sucesión en julio del 2024, respetando un cronograma regular de nueve meses desde la convocatoria hasta la segunda vuelta.

En cuanto a los organismos electorales, el miércoles hubo un pleno ampliado en el que, además de fijar posición respecto al golpe de Estado de Pedro Castillo, analizaron los tiempos técnicos de un proceso electoral.