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Uno de los síntomas de que la democracia en el Perú es una pantomima carente de legitimidad es que nos hemos acostumbrado a que la eliminación selectiva de candidatos sea común y mucho más frecuente de lo que queremos aceptar.

Las guerras de desprestigio montadas a través de medios de comunicación y utilizando organismos del Estado (unas veces controlados por el gobierno y otras veces, como ahora, por mafias de oposición) son el método más común de ese sistema.

Su origen está en la campaña emprendida en 1990 por Alan García contra Vargas Llosa en beneficio de Fujimori. Lo perfeccionaron los fujimontesinistas en dos momentos: la difamatoria destrucción de Alberto Andrade y la creación de la infame ley que prohibió, en los noventa, la candidatura presidencial de Susana Higuchi.

En la antesala de la presente elección hubo dos instancias más: la brutal aniquilación de Susana Villarán y la larga campaña contra Nadine Heredia, que —recordemos— comenzó hace años, cuando corría el rumor de que la ley Higuchi podía ser modificada en el Congreso para permitir la candidatura de la primera dama, entonces el político más popular del país.

Ya iniciado el proceso, el método favorito fue llamar "candidato de Nadine" a cualquiera que ocupara el segundo puesto en las encuestas: Kuczynski, Acuña y Guzmán, en ese orden. Con Guzmán no fue suficiente, y entonces se ha pasado al sicariato vía Jurado Electoral Especial.

Los peruanos no votamos por quien queremos, ni votamos simplemente por el mal menor: votamos por quien nos permiten votar, por los candidatos que les son menos incómodos a las dos mafias aliadas que nos controlan con intermitencias desde hace treinta y dos años.

Torpemente, los candidatos que apuestan a pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori no dicen nada: calculan que la eliminación de Guzmán los favorece. En verdad, quien lo reemplace en las encuestas será el próximo en caer, salvo que sea parte de una de las mafias o que las mafias lo juzguen inocuo.