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La reciente intervención de la Policía Nacional en Ba­rranca, donde se decomisó un cargamento de cocaína en el vehículo de un can­didato provincial de Fuerza Popular, Alberto Tapia, es solo un capítulo más en la larga historia de tratativas del narcotráfico por infiltrarse en el poder político, hecho que le podría dar réditos en cuanto a impunidad y protección al más alto nivel.

Recuérdese, como ejemplo, que en la noche del 11 de mayo de 1996, apenas iniciado el segundo Gobierno de Alberto Fujimori, se encontraron 170 kilos de cocaína en un avión FAP DC8-62F N.° 371 que estaba listo para salir en vuelo secreto a Rusia. Uno de sus tres pilotos era edecán de Fujimori: el comandante FAP Luis Escarcena Ishikawa.

La infiltración de los capos de la droga ha tocado a partidos más tra­dicionales, empezando por el APRA, pasando por el PPC y ahora al Par­tido Nacionalista y al fujimorismo. Podemos mencionar algunos nom­bres, como los de Carlos Langberg, Manuel Ángel del Pomar, Reynaldo Rivera, Leonardo Inga, César Cataño y la excongresista nacionalista Nancy Obregón.

La primera señal de alarma se dio al descubrirse que el principal finan­cista de los “compañeros” era narco­traficante: Carlos Langberg. Según escribía Caretas, “el 2 de enero de 1980, dentro de un camión Fiat que venía de Pucallpa a Lima, la Policía decomisó 475 kilos de pasta básica –en ese tiempo, el cargamento más grande de la historia del narcotráfi­co peruano–, valorizados en un mi­llón de dólares. Todos los detenidos habían sindicado a Carlos Langberg como el responsable de esta millona­ria operación […]”.

Orlando Tapia, de la fujimorista Fuerza Popular, es el último peldaño del peligroso coctel de política y narcotráfico.

Meses después, en septiembre, Langberg fue detenido en México por la posesión de 15 gramos de coca cuando estaba en compañía del líder aprista Jorge Idiáquez. Fue condena­do en 1984 a 14 años de cárcel, pero luego su pena fue reducida a la mitad.

Cabe recordar que Idiáquez era el secretario personal y guardaespal­das de Haya de la Torre. Se comentó –pero nunca confirmó– que, a fines de los 70, Carlos Langberg había cos­teado el tratamiento médico del fun­dador del PAP y, una vez fallecido, compró su legendaria casa de Villa Mercedes.

Esta sombra se proyectó nuevamen­te sobre el APRA con Manuel Ángel del Pomar Cárdenas. A pesar de su conocida trayectoria como abogado de acusados por narcotráfico, se le in­corporó en la lista al Congreso.

Ya como diputado aprista, partió a Berlín con pasaporte diplomático y el 28 de septiembre de 1988 se presen­tó en el Commerzbank para intentar cobrar un cheque por 180 mil marcos que había girado el mafioso Manuel García Montes, un narcotraficante de la época capturado el 31 de agosto de ese año. No pudo hacerlo porque la justicia peruana había conseguido congelar las cuentas del criminal.

Luego, las autoridades detectarían que García Montes tenía en su poder un documento firmado por Del Po­mar en el que este lo acreditaba como su asesor legal. En 1994, tras varias marchas y contramarchas, la Primera Sala Penal de Lima condenó a Del Po­mar a ocho años de prisión.

Más recientemente –en el 2006– se supo de los candidatos apristas Hum­berto Chávez Peñaherrera –hermano de ‘Vaticano’– y Freddy Zubieta Mu­rillo –abogado de varios narcotrafi­cantes– postulaban a la Municipa­lidad de San Borja y a la alcaldía de Campanilla, en San Martín, respec­tivamente. Zubieta reconoció en su momento haber sido abogado de los narcotraficantes Demetrio Chávez Peñaherrera(a) ‘Vaticano’, Jorge Chá­vez Montoya (a) ‘Polaco’ y Abelardo Cachique.

Incluso, el entonces secretario ge­neral del APRA, Mauricio Mulder, reveló que Zubieta prestaba varias veces su local para reuniones partida­rias. Una fue el 17 de septiembre del 2005, cuando un Alan García –que postulaba a Palacio de Gobierno– lanzó el llamado Frente Social.

En 1983, el diputado de Tingo Ma­ría por el gobernante Acción Popular (AP), Reynaldo Rivera Romero, fue desaforado luego que se le compro­baran sus vínculos con mafias de es­tupefacientes.

Enterados de que su casa sería escenario de un “pase”, efectivos po­liciales allanaron su domicilio, en­contrando en el cajón de un escrito­rio S/. 44 millones y, en otro cajón, S/. 9 millones.

La investigación salió a la luz en 1983. La Cámara de Diputados abrió una investigación a Rivera, con re­sultados negativos para él. Luego de que ese informe fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el Sena­do lo desaforó. La comisión inves­tigadora concluyó que había prue­bas de vínculos con el narcotráfico. El 9 de septiembre de 1983 el fiscal de la Nación, Miguel Cavero Egús­quiza, lo denunció ante la Sala Penal correspondiente.

Durante el segundo Gobierno de Fer­nando Belaunde, algunas denuncias periodísticas señalaron que el minis­tro del Interior, Luis Pércovich, y su asesor personal, Luis López, habrían tenido alguna relación con el trasla­do de droga que pertenecía al ‘Padri­no’ Reynaldo Rodríguez. También se sindicaba que el entonces senador de AP, Eduardo Yashimura Montenegro, tenía una relación empresarial con Guillermo Cárdenas Dávila (a) ‘Mosca Loca’, quien llegó a ofrecer pagar la deuda externa del país si lo dejaban “trabajar”.

Otro implicado en presuntas actividades ilícitas fue el empresario César Cataño, del PPC.

El otro grupo político que ha senti­do la cercanía del narcotráfico es el Partido Popular Cristiano, porque su lideresa Lourdes Flores Nano tra­bajaba para el propietario de la com­pañía aérea Peruvian Airlines, César Cataño. En una entrevista televisiva en la campaña por la Municipalidad de Lima del año 2010, reconoció que, efectivamente, Cataño le pagó unos US$ 56 mil, pero que ya no laboraba para él.

Cataño fue investigado por el presunto delito de lavado de dinero, amén de haber cambiado su identidad con el fin de escapar a una investiga­ción por narcotráfico. En noviembre del año pasado se inicio el juicio oral a Cataño Porras. El Ministerio Públi­co está pidiendo 30 años de cárcel, además de otras penas menores para 13 personas de su entorno.

[1] Guillermo Cárdenas Dávila, ‘Mosca Loca’, llegó a ofrecer pagar la deuda externa del país si lo dejaban “trabajar”. [2] El ministro del Interior del segundo belaundismo, Luis Pércovich Roca, fue implicado en un traslado de droga que pertenecía al ‘Padrino’ Reynaldo Rodríguez.[3] y [4] Los casos de los apristas Carlos Langberg y Manuel Ángel del Pomar fueron más que sonados en los años 1980 y 1988, respectivamente.

Eran las elecciones municipales y regio­nales de 2002 y el APRA sacó las garras en el Congreso al denunciar supuestos vínculos del Frente Independiente Mo­ralizador (FIM) –entonces aliado del Gobierno de Alejandro Toledo– con el narcotráfico. La prueba era la lista de regidores de ese partido por el distrito de Campanilla, en San Martín. Apare­cía el nombre de José Humberto Chá­vez Peñaherrera (a) ‘Calavera’, hermano del ya mencionado ‘Vaticano’.

Por aquellos días, Luis Iberico recordó que en el FIM todos fueron sorprendidos con la aparición de ‘Ca­lavera’ en sus filas. Ello fue un duro golpe moral y político. Los persone­ros anularon inmediatamente su ins­cripción ante el JNE.

“Él no estaba impedido para pos­tular, tenía todos sus derechos consi­go. La verdad es que no sé cómo se infiltró. A pesar de que lo sacamos, él siguió haciendo campaña por la esco­ba en Campanilla”, comentó.

Interceptaciones telefónicas a la nacionalista Nancy Obregón develaron su ligazón con los narcos.

Nancy Obregón es el caso más comprometedor de todos los ac­tuales. La madrugada del domingo 14 de julio de 2013 el Ministerio Público la detuvo por “presuntos vínculos con el narcotráfico y Sendero Lumi­noso”.

Incluso la DIRANDRO in­terceptó las conversa­ciones entre Obregón y Omar Rafael Perris García (32), un emisa­rio de organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína en el Alto Hualla­ga. Los implicados hablaban en clave para cubrir sus objetivos reales.

La escucha concluyó que Obregón se reunió a principios de año en Lima con Perris (ya excarcelado) y con una ter­cera persona no identificada para coor­dinar un envío de droga desde pistas aéreas clandestinas en el Huallaga o Palcazu (Cerro de Pasco) hasta Bolivia.

También se acusó a Obregón de or­ganizar y financiar el ingreso al Alto Huallaga de la facción senderista en el VRAEM para reemplazar las huestes del detenido Florindo Eleuterio Flores Hala (a) ‘Artemio’ y frenar la erra­dicación policial de hoja de coca en Tocache.

En el 2009, Obregón impidió violentamen­te una operación an­tidrogas y detuvieron a su exasistente, Max Caller, con 140 kilos de droga. Obregón ya tenía cin­co procesos penales. El presidente Ollanta Humala la defendió: “¿Qué responsabilidad puede tener si la persona detenida (Max Caller) no trabaja con ella? Antes sí laboró con ella, pero eso es tiempo pasado”. Y remarcó: “No se debe manchar a la congresista”.

En septiembre de 2011, Miguel Ángel Espino Torres y dos per­sonas más fueron detenidos en Ayacucho cuando recogían 168 ki­los de ácido clorhídrico, para lue­go enviarlos al VRAEM. Espino se identificó como “asesor” del con­gresista nacionalista Walter Acha.

Pese a que el congresista de Gana Perú pretendió negar este nexo, después apareció una foto en la que se veía a Miguel Espino parti­cipar en la campaña y viajaba con él por la zona.

POR: http://www.revistavelaverde.pe/