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Esta madrugada entró en vigencia la Ley Contra la Criminalidad Organizada que otorga facultades especiales a la Policía y la Fiscalía para la lucha contra la delincuencia, como la interceptación telefónica, remesa controlada, agente encubierto y vigilancia de sospechosos.

Además, en el procesamiento de estos casos se aplicará las normas del nuevo Código Procesal Penal para juicios más rápidos.

La ley considera organización criminal a toda agrupación de tres o más personas que cometa delitos de homicidios, tráfico de personas, órganos, drogas y armas, extorsión, falsificación de monedas y documentos. Además, corrupción de funcionarios, informáticos y contra la propiedad intelectual, pornografía infantil y lavado de activos.

En todos estos casos, la Policía no necesita autorización judicial para proceder a incautar los bienes utilizados en el delito. Sin embargo, pese a estar de acuerdo con su implementación, hay preocupación por falta de recursos para implementar las fiscalías y juzgados que respalden el trabajo de los policías.

LA REPUBLICA