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Pareciese que la naturaleza y la burocracia están conspirando para poner en riesgo la vida y el bienestar de los peruanos. Los organismos que integran el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño confirmaron en marzo que este invierno sufriríamos los efectos de este evento climático, aunque recién en un mes se estima que se podrá predecir si se van a prolongar hasta el verano, la estación en la que sus consecuencias son más nocivas.

Lamentablemente, el Estado, por ineficiencia de sus dependencias, ha hecho poco para proteger los lugares más vulnerables del país de dicho fenómeno.

Solo entre Piura, La Libertad y Lambayeque existen 147 puntos de riesgo. La primera de esas regiones ha solicitado al Gobierno Central que le asigne un presupuesto de más de S/.216 millones para desarrollar 115 proyectos de prevención. No obstante, el pedido parece estar atracado en la burocracia gubernamental, pues aún no tiene una respuesta, pese a que en Piura existen 48 lugares que podrían ser afectados por eventuales desbordes fluviales, huaicos o desprendimiento de rocas.

En La Libertad, se han ejecutado solo unos pocos trabajos de prevención, y en Lambayeque, donde existen 80 puntos vulnerables, estos trabajos recién comenzarán a ejecutarse en agosto. En este último caso, el gobierno regional ya tiene el dinero disponible, pero aún no se culmina con el trámite por el que tienen que pasar los expedientes técnicos, por lo que es muy probable que un eventual desastre afecte a la población mientras el papeleo de las obras públicas que debieron protegerla siga en la mesa de algún funcionario estatal.

Por supuesto, esas no son las únicas regiones que podrían sufrir estragos a causa de El Niño. Además, este supone una muy alta probabilidad de que ocurran deslizamientos en el 40% de los territorios de Cajamarca, Cusco y Huancavelica, una alta posibilidad de deslizamientos en 60% de los territorios de Huánuco, Moquegua y Pasco y una alta probabilidad de inundaciones en Tumbes, Lima, Ica, Tacna y Puno.

Quizá lo más indignante de esta situación de parsimonia estatal es que, como todos ya sabemos, la posibilidad de enfrentar un evento natural de estas características con tremendos efectos negativos en la población no es una novedad para nadie. Entre 1982 y 1983 El Niño generó pérdidas por US$1.000 millones. En 1998 ocasionó pérdidas por US$612 millones al agro y US$26 millones a la pesca. Por eso, es incomprensible que El Niño aún siga produciéndose sin que el gobierno haya implementado todas las medidas del caso. 

Las consecuencias de esta desidia se pronostica que podrían ser enormes. Según el Ministerio de Economía, si llegamos a tener un fenómeno de El Niño fuerte, la economía no crecería más de 3,5% este año. Y, según Apoyo Consultoría, si alcanzara una magnitud como la que tuvo entre 1997 y 1998 se producirían pérdidas de alrededor de US$2.000 millones.

Ahora, este no es el primer año en el que el Estado no logra ejecutar las obras de prevención que tenía planeado implementar. El año pasado, por ejemplo, el presupuesto destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en general fue de S/.850’729.810, pero cerca del 25% del mismo se quedó en las arcas estatales. Y, el año anterior, la ineficiencia en la ejecución de estas inversiones fue aun mayor: solo se llegó a gastar el 64,5% de los recursos que fueron destinados a esta finalidad.

Para colmo de males, toda esta situación podría llevar a un problema adicional. Algunos funcionarios ya están pidiendo que se relajen las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para poder ejecutar los proyectos con mayor velocidad y así estar preparados para los efectos de El Niño. Y esto, si bien podría ser en algunos casos una forma de destrabar las obras para que estén listas a tiempo, también sería una manera de abrirle el camino a la corrupción, que aprovecharía el pánico para hacer un festín de los recursos públicos.