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El 25 de setiembre, el periodista de la agencia INFOS Chris Acosta solicitó al Ministerio de Defensa la lista de los efectivos militares muertos en el VRAEM desde el inicio del conflicto.

Desea reportar lo que pasó allí a partir de documentos oficiales. Pidió también presupuestos y otros detalles. Escribió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a los ministerios de Defensa e Interior y al Congreso. El Congreso entregó la información, la PCM pidió más tiempo para contestar, Interior guardó silencio. Su oficial responsable no atendió llamadas ni mails. Lo que más le llamó la atención a Acosta fue la carta del Ministerio de Defensa.

–Respondió que la lista de efectivos muertos en combate tiene clasificación de reservada –dice el periodista, mostrando el oficio– y que se encuentra dentro de las excepciones que tiene el ejercicio del derecho de petición.

¿En qué puede afectar a la seguridad nacional la identificación de los peruanos caídos en el VRAEM? ¿Son muy pocos? ¿Son muchos y perjudican la imagen del ministerio? Yendo más al fondo: ¿por qué los ciudadanos no tienen derecho a esa información?

En su respuesta, el Ministerio de Defensa no invocó la ley de transparencia en la que se basó Acosta. Pudo hacerlo. Esta ley no lo obligaba a proporcionar información que afectara la intimidad de una persona o la seguridad nacional. Sin embargo, le imponía requisitos para retener información. Debe haber una relación oficial de la información secreta, con los motivos y fecha de vencimiento del embargo. No puede decir no así nomás. Pero desde diciembre del 2012 existe la ley mordaza para asuntos de seguridad nacional, el DL 1229, cuyo artículo 12 ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por la Defensoría del Pueblo. Establece que “toda información” sobre estas materias tiene carácter secreto.

Así pues, podemos asumir que este decreto es la base jurídica de la negativa de Defensa a informar quiénes han muerto en el VRAEM. Cuando Acosta vaya a un juez con una demanda de hábeas data para que le entreguen la información, el ministerio podrá mostrar su baúl de secretos sellado por el DL 1229.

Renzo Chiri, quien fuera secretario general del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2011, no recuerda que la lista de muertos en el VRAEM estuviera embargada:

–Quizá el dato incomode a los militares –dijo–, pero no veo cómo podría clasificarse esa información como secreta.

El encanto del DL 1229 para los ministerios de seguridad es que ya no necesitan explicar por qué no entregan información. El Ministerio del Interior ni siquiera ha contestado.

México, donde el Estado libra una guerra dramática contra el narcotráfico, es un buen punto de comparación. Las solicitudes informativas rechazadas por motivos de seguridad nacional suelen ser revocadas completamente o en parte por el árbitro del sistema, elInstituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). La mayoría transparenta egresos y adquisiciones.

La Secretaría de Defensa tuvo que entregar contratos y balances del fideicomiso creado para la compra de equipos militares. PEMEX hizo públicos sus contratos de aviones no tripulados, la Secretaría de Seguridad sus gastos pormenorizados, la Policía Federal sus compras de vehículos y aparatos de radiocomunicación. Este escrutinio tiene sentido: en todas partes la corrupción se envuelve en las banderas de la seguridad nacional.

Algunas negativas de información luego corregidas por el IFAI eran absurdas, como no publicar recomendaciones oficiales ante asaltos, o no entregar estadísticas actualizadas de la actividad delictiva, u ocultar direcciones y teléfonos administrativos de los jefes policiales. Otro grupo de peticiones rechazadas pretendía fiscalizar actuaciones de la fuerza pública. Por ejemplo: nombres, perfiles y experiencia bélica de los cuatro agentes federales que murieron en 2009 durante el intento de rescate del narco Gerónimo Gámez, cuando era trasladado de prisión. Otra: ¿cuántas interceptaciones telefónicas hechas por la policía fueron destruidas por no servir a una investigación? Otra: localización precisa de los arsenales incautados al narcotráfico.

En cambio, el IFAI confirmó que no procedía satisfacer a un peticionario que solicitaba el inventario de armas y equipo militar a disposición de las fuerzas armadas. En cada veredicto debe evaluar el riesgo para la seguridad nacional implicado. En el Perú, donde no existe una entidad como el IFAI –hay una creciente demanda por crearla–, el Poder Judicial es el que resuelve. Ya veremos lo que piensan muchos jueces sobre seguridad nacional y libertad de información. Antes, una pregunta: ¿qué pasaría si Chris Acostaobtuviera la relación de muertos en el VRAEM y la hiciera pública?

Acosta podría recibir, de acuerdo con dos artículos del Código Penal, prisión de entre dos y quince años. En el Perú los jueces castigan al mensajero, lo que no ocurrió con Julian Assange, quien en 2009 recibió del soldado Edward Manning decenas de miles de documentos secretos norteamericanos y organizó una difusión mundial. Assange está requerido en Suecia por una supuesta violación sexual, pero no en los Estados Unidos por ningún motivo. Tampoco allá están procesados los medios que publicaron las filtraciones de Edward Snowden sobre el espionaje indiscriminado de los Estados Unidos en países aliados.

Manning fue sentenciado este año a treinta años de cárcel por una serie de cargos derivados de violaciones a las leyes contra el espionaje. No fue hallado culpable de entregar información al enemigo, como pedía el fiscal, lo que hubiera merecido una pena mayor.

Snowden, ahora asilado en Rusia, a su vez afrontaría cargos similares si volviera a los Estados Unidos. Pero el diario que publicó su material, The Guardian, aunque presionado por el gobierno británico –finalmente aceptó destruir una laptop bajo supervisión– no fue encausado. Tampoco The Washington Post, que divulgó filtraciones de Snowden en los Estados Unidos. En este país, desde que se aprobó la Primera Enmienda, los medios pueden publicar documentos secretos siempre que sean verídicos. En Francia, Le Monde anunció este mes que difundirá documentos de Snowden luego de una selección responsable.

En Perú, a juzgar por los antecedentes, los mensajeros la pasarían fatal.

El periodista de Frecuencia Latina Mauricio Aguirre, por ejemplo, está acusado de revelar secretos nacionales porque en 2003, cuando dirigía un programa de televisión en América TV, transmitió el video de una sesión del Consejo de Defensa Nacional. En ella Alberto Fujimori explica cómo convenció al presidente ecuatoriano Jamil Mahuad para firmar el acuerdo de paz con el Perú. Aunque atascado, el proceso sigue abierto. ¿Qué perjuicio a la seguridad nacional pueden producir anécdotas sin relevancia 18 años después de terminado un conflicto?

Un ejemplo alarmante es una resolución de la Corte Superior de mayo de este año, hasta ahora desconocida. Concierne al caso de Rudy Palma, el ex periodista de Perú 21 juzgado por ingresar a mails privados de funcionarios públicos. Ninguno de ellos contenía secretos de Estado, pero los procuradores públicos consiguieron añadir la imputación de revelarlos a la denuncia por intrusismo. Por mayoría, las juezas Rosa Amaya y Doris Rodríguez resolvieron que un secreto de Estado puede ser definido discrecionalmente por cualquier autoridad, y que una información relacionada con los intereses nacionales sólo puede ser publicada previa autorización administrativa. Jueces militares no lo habrían decidido mejor.

Queda la expectativa de que el TC derogue el artículo 12 del DL 1229. Por lo menos ya resolvió en contra de la pretensión del procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, de que rechazara la demanda de inconstitucionalidad porque el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, era interino. ¡Qué argumento! En la audiencia pública, Huerta también parecía un procurador militar.

LA REPUBLICA