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Isabel Carreño.

A pesar de los cuestionamientos, el Ejecutivo promulgó ayer la Ley de Delitos Informáticos, que entra hoy en vigencia. Expertos señalan que existen ambigüedades y vacíos que convierten esta norma en un peligro para la libertad de expresión.

La mencionada ley, que ha sido fuertemente criticada en las redes sociales y por peritos en la materia, reúne ocho iniciativas de diferentes bancadas, así como la última propuesta del Ejecutivo, que fue recogida casi en su totalidad.

"La norma recae sobre un ámbito especializado y debió merecer una discusión más amplia", comentó Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)

Apuntó que, por la rápida aprobación de la norma, se tiene la impresión de que los congresistas dieron luz verde a una ley "sin saber qué se aprobaba". Puntualizó que se incluyen conceptos sin definirlos adecuadamente y que suponen un riesgo en "manos de los operadores de justicia que no están habituados al manejo de estos conceptos".

Mostró su preocupación porque estos vacíos suponen un "riesgo" para cualquier ciudadano que utilice estos medios. "Hay que sumarle la posibilidad de que se produzcan presiones cuando a alguna entidad del gobierno no le guste cómo se están usando estas redes y se penalice conductas que no están incluidas en la normatividad", añadió.

Al respecto, el congresista Juan Carlos Eguren estimó que en el supuesto de que haya algún vacío "seguro se presentará algún proyecto de ley para precisar algunos puntos".

La norma contempla hasta cuatro años de pena privativa de la libertad para el que acceda en forma ilícita a todo o parte de un sistema informático. También sanciona a los que atenten contra la integridad de los datos informáticos, borrándolos o deteriorándolos, con hasta seis años de prisión, pero no se especifica bajo qué circunstancias.

Del igual manera, la ley castiga a los que afecten la integridad de un sistema informático inutilizándolo o impidiendo su acceso, con hasta seis años de cárcel.

Además, sanciona a los que incurran en la interceptación de datos informáticos, y se aplica un castigo mayor, de hasta ocho años, cuando se trate de información clasificada como secreta o confidencial. Esa pena se eleva hasta 10 años cuando se compromete la defensa o la seguridad nacional.

El abogado Erick Iriarte, experto en materia informática, apuntó que en el caso de la interceptación de las comunicaciones, que también se sanciona con 10 años de prisión, no se indica lo que ocurrirá con la divulgación de la información.

"Este artículo puede generar mecanismos de autocensura", manifestó.

convenio. El abogado Erick Iriate indicó que en principio el Perú debió suscribirse al Convenio sobre cibercriminalidad de Budapest. "¿Por qué el Ministerio de Justicia dice que se ha hecho una versión mejorada (...) cómo estamos haciendo modificaciones a temas que se vienen trabajando hace más de 15 años", cuestionó.

LA REPUBLICA