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Por otro lado, ha quedado claro que el presidente tiene muchas cosas por explicar, que se le puede iniciar una investigación porque no es muy consistente su defensa. Pero también ha calado que este solo puede ser sometido a un juicio al terminar su mandato. Cualquiera pensaría que todo esto establece reglas claras, pero todo es relativo por estos lares. Si para definir los sentidos del texto legal está el Tribunal Constitucional (TC), también se puede acomodar la forma en que van a ser elegidos sus miembros.

Hace cerca de un mes se desinfló un primer intento de vacancia luego de una investigación periodística que dejaba mal parado, en particular, al presidente de la mesa directiva del hemiciclo y a su partido. Los demás grupos prefirieron, en ese momento, tomar distancia. Pero eso solo fue un paréntesis. El domingo antepasado se inició una segunda campaña sensibilizadora, fotos trucadas incluidas. Una andanada suficiente como para que congresistas como Ricardo Burga (de Acción Popular), que inicialmente declararon que era prematuro hablar de nuevo de una vacancia presidencial, ahora diga que por menos PPK renunció.

Una variante fue planteada por Beatriz Merino hace unos días. Mencionó que la presencia de Vizcarra no garantiza la limpieza del proceso electoral. Una forma política de decir que no tiene solvencia moral. Por otro lado, UPP lidera una propuesta de vacancia, pero parece que otros consideran que el costo político de vacarlo es alto y que el argumento legal de que el juicio podría realizarse, pero luego del 28 de julio del 2021 ganó terreno. Esta corriente parece esperanzada en que la abundancia y frecuencia de denuncias (donde se mezcla de todo, argumentos plausibles y deleznables), cree un clima político que lleve al mandatario a tirar la toalla. Vacarlo es muy difícil, dicen. No se sabe, dirán otros.

Varias agrupaciones consideran que otro intento de vacancia, por más que las denuncias continúen, podría generar un mayor impacto negativo en lo electoral. Eso podría terminar beneficiando a candidatos como Forsyth, distante de estas pugnas entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. El actual mandatario debe haber perdido la confianza de muchos que vieron en él a un outsider de la política limeña pero igual las encuestas muestran cifras que lo ponen muy por encima de todos los grupos en el Congreso. Por eso, algunos deben estar calculando cuál debe ser el nivel de aprobación de Vizcarra para que su salida (por vacancia, o mejor, renuncia) sea tolerada por la ciudadanía.

En el país la política se ha convertido en un mercado de intereses grupales y personales que se articulan o distancian según el momento. Esta vez, políticos y empresarios enjuiciados se han encontrado y el afán de vacar o presionar la renuncia del presidente está ahí dando vueltas. Si el argumento de que debe renunciar para garantizar el proceso electoral continúa (o incluso el pedido de vacancia) la pregunta es si esto puede ser garantizado por quien asuma la presidencia desde su cargo en la mesa directiva. Merino está desgastado y podría ser reemplazado, pero ¿habrá interés en mantener la fecha de elecciones? ¿La ciudadanía aceptará que quien asuma la banda presidencial postergue más el proceso? Incluso si no se posterga, ¿quien asuma no se desgastaría también, beneficiando a otras agrupaciones o incluso a quienes están hoy fuera del hemiciclo?