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La pandemia del coronavirus estremeció todos los cimentos sociales, y no ha hecho más que desnudar la polarización de las familias dentro del país. Desde antes de la emergencia, aproximadamente 5,8 millones de hogares son vulnerables, detalló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es decir, 6 de cada 10 viviendas se encuentran en esta alarmante situación, la cual concentra a 4 millones en el área urbana y 1,8 millones, en el rural.

‘’A veces no desayunamos porque solo nos alcanza para el almuerzo. Con lo poco que tenemos, a lo mucho hacemos un guisito’’, comenta Juana Munayco, una mujer de 50 años que ve con pesimismo la recuperación de la que tanto se habla en la única televisión bajo su techo.

Juana vive con su esposo Teófilo y su hija Lea, de 12 años, en San Luis (Cañete), dentro de una construcción de material noble que integra las 173.487 viviendas vulnerables dispersas en la costa rural.

El PNUD identificó cinco tipos de vulnerabilidades: laboral (34.3%), financiera (30.1%), alimentaria (21.2%), monetaria (16,6%) e hídrica (12,4%).

‘’El único sustento es mi esposo, pero ya no hay trabajo en la chacra y no sale por temor a enfermarse. A veces mis hijas mayores que tienen su familia aparte y mis vecinas me apoyan, aunque da vergüenza pedir’’, agrega Juana, quien agotó el dinero que recibió del bono #YoMeQuedoEnCasa en un abrir y cerrar de ojos para costear sus alimentos.

Un panorama similar en dicha localidad vive Lourdes, una ama de casa de 28 años encargada de extender la olla con los residuos del subsidio para sus seis hijos y su esposo Santos, quien se gana el pan como pescador los días en que no lo llaman de la chacra.

‘’No nos dejan salir a trabajar, y la situación nos alarma. Vivimos en una casa prefabricada, no tenemos luz y nos sostenemos con velas desde hace dos años porque nos desalojaron de nuestro antiguo terreno’’, explica.

El informe prevé que el impacto económico en las familias dependerá de la duración de las restricciones de movilización, sintiéndose más en las casas urbanas que dependen de una y dos fuentes y en su mayoría, sin contrato e independientes, que representan un 30% y 40% del total, respectivamente.

Al otro extremo de Lima, exactamente en la agrupación Flores de Vista Alegre en San Juan de Lurigancho, un grupo de 20 familias forma una olla común diariamente para combatir el hambre con las monedas que tengan, alcanzando a veces pozos de hasta 30 soles.

Los vecinos acuden a la casa de Odila Alvarado, una doña de 56 años que lucha contra un cáncer de útero que le ha apagado la voz, pero no las ganas de contribuir, y tras adecuar una de las dos habitaciones de su morada de material prefabricado, permite que se preparen allí los platillos.

Por otro lado, Milka Jaramillo, una vivaz mujer de 32 años que solía trabajar limpiando hogares, confiesa que no han recibido ninguna canasta ni subsidio, y apelan al compañerismo ante la indiferencia de las autoridades.

‘’Es desesperante porque a veces tenemos que tocar la puerta de la vecina para ver si me puede dar algo de comer’’, alega. Milka pasa el día con sus seis niños mientras que su esposo desde hace un par de días recién puede volver a trabajar por San Isidro, una especie de cruel espejismo dentro de la ciudad.

En Flores de Vista Alegre no cuentan con agua ni luz, y para cocinar, se proveen de una extensa manguera que un buen samaritano les hace llegar. Ellos integran los 460 mil hogares que no poseen agua ni ahorros, y los 570 mil que carecen de este líquido vital y de ingresos salariales.

‘’Solía trabajar vendiendo huevitos de codorniz en Puente Nuevo, y ahora no tengo dinero para sacarlo de la cochera, ni me permiten salir’’, sostiene doña Odila, quien tampoco ha podido recoger sus medicinas y prefiere tenderse cuando las fuerzas no le dan, en la única colchoneta que tiene, la cual comparte con su hija y su nieta.

El PNUD precisa que 2,5 millones de hogares – como los que encontramos en esta agrupación en las alturas de San Juan de Lurigancho – viven en condiciones de hacinamiento.

Finalmente, el estudio muestra que la mayor parte de hogares vulnerables se encuentran en Lima (1,5 millones), Cajamarca (423 mil), Puno (377 mil), La Libertad (346 mil) y Piura (324 mil).

Por: LA REPUBLICA