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Isabel Carreño - La Republica

Tal y como lo había anunciado el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, el Ejecutivo aprobó el primer decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas: la muerte civil por delitos de corrupción.

El premier Fernando Zavala anunció que ayer se aprobó modificar el Código Penal, a efectos de ampliar la pena e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada "muerte civil por corrupción". Esta norma sería promulgada en las próximas 48 horas.

"Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de dos años y máximo de 20 años de pena de inhabilitación principal por delitos cometidos por funcionarios públicos", detalló la titular del Ministerio de Justicia, Marisol Pérez Tello. Hay que recordar que las penas actuales fluctúan entre seis meses y cinco años.

Indicó que las penas accesorias en delitos como colusión, peculado de uso, malversación, soborno, tráfico de influencias, cohecho y otros podrán llegar hasta la inhabilitación perpetua cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, y se actúe como miembro de organizaciones criminales y afecte a programas asistenciales como Seguro Integral de Salud (SIS), Juntos, entre otros.

Asimismo, se creará un Registro Único de Condenados e Inhabilitados con el objetivo de que todos los niveles del Estado puedan tener acceso a esta información.

"Para que todos los estamentos del Estado estemos protegidos de la posibilidad de que un funcionario vuelva a ingresar o se recicle en el sistema", indicó Pérez Tello.

Esta norma también incorpora a las autoridades elegidas por mandato popular y la privación de grados militares, policiales que hayan obtenido por cargo, profesión u oficio.

"Hoy ya hemos aprobado los primeros dos decretos legislativos haciendo uso de las facultades delegadas", enfatizó Zavala al hacer referencia también al decreto legislativo que busca modificar la Ley de la Carrera y Situación de la Policía.

También el Ejecutivo remitirá un proyecto de ley al Congreso que plantea una reforma constitucional que busca modificar el artículo 41 de la Constitución, a fin de regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. De ser aprobada, esta medida debe pasar por dos legislaturas congresales.

En el Congreso actualmente también existen tres proyectos de ley que abordan esta materia y existe consenso entre las bancadas para aprobar esta iniciativa.

El Poder Judicial informó que en lo que va del año impuso mil 367 sentencias condenatorias por actos de corrupción en la administración pública. Estos fallos son, principalmente, los de peculado, cohecho y colusión, y la mayoría de los casos se dan en Lima, Junín y Ayacucho.

Previamente, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, embajador Allan Wagner, expuso en la sesión del Consejo de Ministros, liderada por el presidentePedro Pablo Kuczynski y el premier Zavala, el denominado 'Plan 32', que engloba las medidas impulsadas por la organización en materia de lucha contra la corrupción.

Estas abarcan cuatro puntos: reforma electoral, funcionamiento del Congreso, transparencia en la administración pública y reformas en el sistema de justicia.

"Estas propuestas están orientadas al fortalecimiento de nuestra democracia a través de medidas concretas y específicas que serán debidamente evaluadas por este gobierno", precisó Zavala

Por su parte, Wagner reiteró su disposición a continuar colaborando para "lograr una reforma que le dé calidad a nuestra democracia y devuelva la confianza en las instituciones políticas".