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A mediados de los 80, luego de unos tres años de inmersión sin pausa en la investigación periodística, las realidades descubiertas me exigieron un título: la Historia como atestado: El crimen en el poder.

El concepto describió bien la realidad del país inmediatamente anterior a Fujimori y Montesinos, y luego calzó perfectamente con estos. Sin embargo, tuvo una limitación: la rigidez, grisura, carencia de matices del atestado. Apropiado para el encausamiento, limitado para la narrativa. No describe bien la picaresca del delito; ni a los pícaros inteligentes ni a los pícaros idiotas.

Que el atestado, entonces, quede por ahora con los especialistas. No es suficiente para describir el embarradero electoral al que ha llevado al país el JNE.

No es que falten bribonerías en esta farsa sino que la dinámica que ellas generaron las excede y, luego de dañar gravemente la integridad de las elecciones, las pone en una situación en la que –se haga lo que se haga– estas se encontrarán en peligro.

Hagamos una recapitulación breve, para entender la situación que un Jurado deshonesto e incompetente ha creado al país.

- Todo empezó cuando uno de los candidatos ‘pitufos’ (los que están perdidos entre el 4%, el “otros” y la nada estadística), Julio Guzmán, empezó a repuntar, ganó velocidad, entró en una térmica ascendente, pasó a todo el pelotón que seguía a la puntera, alcanzó el segundo puesto nacional con viento a favor y el primer puesto en el sur del país.

- Como suele suceder en las carreras, esa disparada trastocó a todo el mundo. El pelotón se deshizo y varios (Toledo, Acuña, García, PPK) cayeron a diferentes velocidades mientras que dos candidatos: Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, abandonaban el grupo pitufo y crecían a un ritmo no muy veloz, pero sostenido.

- La ganancia de unos era inevitablemente la pérdida de otros. Encabezados por el APRA, varios de los candidatos en resbaladera, apoyaron la iniciativa de sacar fuera del proceso a Guzmán por nimias faltas administrativas.

- Las complicidades con las leguleyadas que se esgrimieron en el proceso, fueron francamente repulsivas. Lo que no se podía lograr en la campaña se iba a perpetrar como trampa. Sin embargo, ninguno de los políticos que azuzaba las sanciones: ni García, ni Toledo, ni PPK, ni ninguno de ellos, podía ordenar la salida de Guzmán. El JNE sí podía. Y lo hizo.

- Ya he examinado, en las semanas anteriores, quién es qué en el JNE, sus conflictos de interés, las insistentes y precisas acusaciones por corrupción, que indican cómo se gestó la resolución que sacó de la campaña a un candidato que ya tenía cuando menos el 20 por ciento de la intención de voto.

- Al final, ejecutaron a Guzmán (solo electoralmente, menos mal) e hicieron igual en el mismo proceso con César Acuña. A este, que ya estaba golpeadísimo por las revelaciones de plagio en serie perpetrado por él, debe haberle parecido un alivio salir del tormento cotidiano de un nuevo plagio hecho público. El hecho es que, por haber efectuado una donación relativamente modesta de dinero, fue también sacado de la campaña.

- En medio de la indignación de la gente que, con razón, olió trampa e inició las marchas contra Fujimori que culminarán en la del 5 de abril, el JNE sentó precedentes: fallas administrativas menores en el proceso de preparar la candidatura presidencial; o la entrega de dádivas causarán la exclusión del proceso electoral, con el balido de fondo, como en la “Granja de animales” de Orwell, del conocido elenco de opinólogos repitiendo: “la ley es la ley”.

- Cuando se juega con piedras en una vidriería, hay un cierto tipo de ruido que inevitablemente se producirá. Keiko Fujimori fue denunciada, con exhaustivas pruebas en vídeo, de haber entregado dinero en el Callao. No es mucho, pero es suficiente y el precedente de Acuña no deja margen discrecional. “La ley es la ley”, “la ley es la ley”…

- De otro lado, la candidatura del propio Alan García parece enfrentar problemas de legitimidad que trascienden lo puramente administrativo. El 2 de noviembre del año pasado, la militante aprista Ángela Valdez presentó un recurso al presidente del JNE, Francisco Távara, en el que pide que se declaren nulos los “actos electorales” internos que resultaron, entre otras cosas, en la candidatura presidencial de Alan García.

- ¿La razón? Los directivos del APRA se encuentran con mandato fenecido desde el 2014. ¿Por qué? De acuerdo con sus propios estatutos, la máxima autoridad en el APRA es el congreso partidario. El último se realizó en marzo de 2010 y eligió al CEN y la Comisión Política Nacional por un período de cuatro años, que venció en marzo de 2014.

- Sin embargo, no se convocó a un nuevo congreso y, salvo unos pocos militantes que se apartaron del puesto, la Comisión Política y el CEN continuaron funcionando y organizaron el proceso de nombramiento de candidaturas a la presidencia y el congreso (con lista única), pese a haber expirado su mandato.

- Por ello, Ángela Valdez denunció una “usurpación” de funciones ante Távara. Cuando IDL-Reporterosle preguntó por ese documento, Távara dijo no recordar haberlo recibido. Sin embargo, una breve verificación de IDL-R estableció que el 17 de noviembre del año pasado, la dirección de fiscalización del JNE envió copia de la denuncia al APRA; y el día siguiente, el 18, notificó a Ángela Valdez del envío de la denuncia al partido aprista. Desde entonces hasta ahora, la gestión permanece “en trámite”. Es decir, en el limbo.

- ¿Por qué, mientras se decapitaba la candidatura de Guzmán por nimiedades administrativas, se ignoraba por completo este caso mucho más serio? ¿No era que a igual razón igual derecho; o a igual sinrazón parecida sanción? ¿No era que “la ley es la ley”?

Este Jurado, torpe hasta en sus trampas se encuentra ahora enredado en sus propios nudos. ¿Excluirá a Keiko Fujimori y a Alan García por las mismas razones que se usó con Acuña y Guzmán? Si no lo hace, su parcialidad será patente, su desprestigio todavía mayor.

Si excluye a los dos, es casi seguro que otros candidatos enfrentarán impugnaciones similares fundadas en el mismo principio, de que cualquier leve falla se castiga con la pena capital.

Como, recuerden, “la ley es la ley”, puede producirse una masacre (electoral) de candidatos en donde quizá al final haya que elegir entre, digamos, Gregorio Santos y Miguel Hilario para la presidencia. ¿Suena exagerado? ¿Pero no es acaso, exagerado, que por tonterías se haya confiscado el derecho al voto del 20% que declaraba su preferencia por Guzmán? Y si sacan (como debieran, de acuerdo con el ‘criterio’ del JNE) a Keiko Fujimori de las elecciones, la confiscación del voto subiría, sumando preferencias por Guzmán y Fujimori, al 50% de los votos.

Todo este desorden, esta monumental incertidumbre, es fruto del JNE. Recuérdenlo una vez que este proceso de socavamiento del sufragio popular haya llegado a su fin. (Escribe: Gustavo Gorriti)