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CARLOS BRUCE

CONGRESISTA DE CONCERTACIÓN PARLAMENTARIA

Resulta preocupante comprobar, a pocos días de finalizar el año, un panorama nacional sombrío producto del deterioro en aspectos cruciales que conciernen a la gobernabilidad, tales como la confianza y respeto en las auto­ridades, así como el funcionamiento de la institucionali­dad. Esto en un año de fuerte retracción en la actividad económica amenazada, además, por un dañino ruido po­lítico en medio de escándalos de corrupción que remecen y desfiguran al Gobierno.

La falta de liderazgo del mandatario y la probada inca­pacidad de su administración para resolver los principales problemas del país no le permiten revertir la poca confianza y cre­dibilidad que le tie­ne la población. Muy poco se puede espe­rar de un líder que no tiene la voluntad ni el talante para enfrentar los problemas. Em­peoran esta situación las bajas expectativas de la gente en la me­jora de su bienestar y seguridad.

En el aspecto eco­nómico, parece ha­berse descompuesto la relación funcional que existía años atrás entre el Gobier­no y los agentes económicos. Ya sea por falta de eficacia o convicción en su aplicación, no hay medida económica del Gobierno que logre dinamizar los motores del crecimiento. Así, la suerte para este año ya está echada. Con el desplome de la inversión habido, este año será el peor de los últimos trece. Los cálculos más realistas pronostican que sería poco más del 2%. La tibia respuesta de los agentes económicos refleja el grado de confianza en el Gobierno.

En cuanto a la institucionalidad, la situación ha venido de mal en peor. La mayoritaria percepción ciudadana de la existencia de un cogobierno conyugal, además de rebajar la investidura presidencial, alimenta la creación de poderes paralelos dentro del Gobierno que afecta a las instituciones dependientes del Ejecutivo. Así lo estamos viendo con las acciones reveladas de los asesores y operadores palaciegos en las diversas instancias del Estado.

La negligencia del Gobierno en el aspecto institucional como tema de Estado ha llevado a que en las instancias re­gionales y municipales las instituciones muestren signos de estar siendo secuestradas por el crimen organizado con el riesgo de convertir estas jurisdicciones en tierra de nadie, donde impere la ley de la selva. El Gobierno es incapaz y falto de autoridad para liderar una acción conjunta de los poderes del Estado a fin de tomar medidas que despejen la bruma que se está cerniendo sobre la institucionalidad.

Esto se agrava con la diseminación de la corrupción que va descomponiendo todo a su paso has­ta haber llegado, al parecer, a la Casa de Gobierno. Como dos bombas de tiempo, el caso ‘Lópezgate’ y el del amigo presiden­cial MBL muestran en sus primeras re­velaciones serios in­dicios que apuntan a la pareja presidencial o a personajes de su entorno más cercano. Esto ha llevado a los operadores del régimen a cometer enormes torpezas que estarían apuntando a tender un manto de encubrimiento sobre dichos casos, poniendo en riesgo la independencia de poderes y dejando un am­biente enrarecido.

Así, la población ve en la actitud del Gobierno y su ban­cada parlamentaria la intención de ocultar la verdad so­bre actos ilícitos en los que estarían involucrados algunos congresistas, ministros, presidentes regionales y otros altos funcionarios del Estado. Con ello, se desfigura más la ima­gen del Gobierno.

No debemos esperar a que la descomposición de las instituciones avance más, amenazando con echar a perder todo lo que hemos progresado.

POR: http://www.revistavelaverde.pe/