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Una plataforma informativa para hacer seguimiento a los procesos penales por corrupción que involucra a autoridades municipales y regionales recientemente electas, y que mostrará a la ciudadanía el trabajo articulado del Estado frente a este flagelo, anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez.

“Lamentablemente, un número significativo de candidatos con procesos penales por corrupción han sido elegidos. Por lo tanto, proponemos hacer seguimiento a dichos procesos. Esta medida contribuirá decididamente a reducir la percepción de impunidad en el país”, aseveró.

La presidenta del Consejo de Ministros encabezó está mañana la segunda sesión del Task Force (fuerza especial) de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Procuraduría Anticorrupción.

Esta plataforma, aseguró Jara, dará continuidad a una exitosa iniciativa de las instituciones encargadas de detectar, investigar y sancionar la corrupción que durante el proceso electoral trabajaron de forma unida para brindar información sobre los candidatos procesados por este delito.

Ahora, la información que se pondrá a disposición de la ciudadanía será la relacionada a casos de corrupción de las autoridades electas en el ámbito regional y local, indicando el detalle de cada caso como la descripción de los hechos, las normas infringidas, los órganos competentes y el estado del proceso. 

La titular de la PCM destacó además que en esta oportunidad el grupo de trabajo hizo importantes acuerdos para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en la atención de casos de gran complejidad. 

“La corrupción no puede ser combatida por una sola institución. La articulación entre nuestras entidades hacia la búsqueda de soluciones conjuntas constituye el elemento fundamental para garantizar la eficacia de las políticas de prevención y sanción de la corrupción”, dijo.

El grupo de trabajo Task Force de la CAN fue creado para la atención urgente de casos de alto impacto mediático y de relevancia social, y su primera sesión fue el 18 de setiembre de 2014. 

En esa fecha se acordó crear un protocolo de alertas tempranas de conflictos sociales vinculados a la corrupción y una plataforma informática para hacer seguimiento de denuncias y demandas ciudadanas en el tema de lucha contra los corruptos. 

Asistieron a la sesión el vocal supremo Luis Alberto Zevallos, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos; el contralor general de la República, Fuad Khoury; el procurador anticorrupción, Joel Segura; el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y la coordinadora general de la CAN, Susana Silva Hasembank.

Además, el grupo de trabajo contó con la presencia del ministro del Interior, Daniel Urresti Elguera, quien expuso el Plan Anticorrupción del Ministerio del Interior, donde se recogen acciones concretas para limpiar de malos elementos a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

En otro importante tema discutido, se consideró que el país ha asumido compromisos ante la OECD con miras a su ingreso a este foro económico internacional, por lo que uno de esos pasos es la reciente adhesión del Perú a la Convención Antisoborno en Transacciones Comerciales Internacionales.

Con ese propósito, explicó, se requiere adecuar la normativa interna a los estándares internacionales referidos a la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.

En ese sentido, se informó que en un trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y los gremios empresariales, se han elaborado dos proyectos de ley referidos a la responsabilidad de las personas jurídicas y a la protección del denunciante.