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Con esta modificación legislativa, estos funcionarios solo podrán volver a postular transcurrido un periodo de gobierno. 

El proyecto de reforma constitucional también cambia la denominación de presidentes regionales. A partir de ahora, quienes asuman dicho cargo deberán llamarse gobernadores regionales.

Para la aprobación definitiva de esta reforma, deberá realizarse una segunda votación, la cual debe realizarse en la próxima legislatura.

Asimismo, la norma aprobada propone establecer que los “gobernadores regionales” estén obligados a concurrir al Congreso de la República cuando este lo requiera, de acuerdo a ley y bajo responsabilidad.

También plantea facultarlos para interponer acciones de inconstitucionalidad, con acuerdo del Consejo Regional, en materias de su competencia.

Debate

Durante el debate de este dictamen, el congresista Vicente Zeballos (SN) cuestionó que se propusiera eliminar la posibilidad de revocar esas autoridades a mitad de su mandato, como lo establece la normatividad vigente.

En el mismo sentido, Javier Bedoya (PPC-APP) opinó que eliminar la revocatoria significaría “vaciar de contenido” el artículo 31º de la Carta Magna, y dejaría únicamente a los jueces de paz los sujetos a revocatoria, sin considerar que estos no son elegidos por votación popular.

Recordó que la revocatoria era un derecho ciudadano establecido en la Constitución y no podía ser dejado de lado sin un mayor análisis.

Cuestionó también la propuesta de impedir la reelección inmediata, ya que conduciría a elegir 25 autoridades regionales y más de dos mil municipales “nuevas” cada cuatro años, sin tener en cuenta que en las últimas elecciones solo 5 presidentes regionales fueron reelectos.

“¿Dónde quedarían las autoridades honestas, y que hagan una buena administración?”, se preguntó.

Martín Belaunde (SN) se pronunció en contra de la no reelección, y Juan Pari (DyD) opinó que esa propuesta no impediría la comisión de actos de corrupción, como ha ocurrido en México, donde la no reelección es absoluta en todas las instancias, según dijo.

Para José León (PP) la no reelección evitaría que las autoridades empiecen a pensar en su relección desde el mismo instante en que asumen su cargo, y Javier Velásquez (CP) opinó que debía modificarse el dictamen para que no se conceda igual tratamiento a autoridades (regionales y municipales) con distintas características y funciones.

ANDINA