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Elizabeth Huanca Urrutia.

Arequipa.

La informalidad en el transporte interregional e interprovincial ha crecido de forma acelerada en Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios e Ica, jurisdicciones que conforman la macrorregión Sur. Según datos de las direcciones regionales de Transporte de estas regiones, la ilegalidad en el sector alcanza en promedio el 80%.

Esta situación ha elevado la inseguridad para los usuarios y también la cantidad de accidentes. Por ello, las entidades involucradas se reúnen en un foro en Arequipa desde ayer, para buscar alternativas de solución.

Un estudio del Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) señala que en el Perú se registra en promedio 80 mil accidentes al año. Solo en Arequipa, en 2013, se reportaron 6 mil 433 siniestros (fatales y no fatales). En los dos primeros meses de este año hubo 91.

En las ocho regiones en mención existen 9 mil 921 unidades informales, es decir vehículos que circulan sin permisos ni seguros, evadiendo controles y al margen de la ley.

Los casos más críticos se registran en Puno, donde la ilegalidad en el transporte llega al 150%. Esto se explica en que existen 3 mil 113 unidades formales y más de 4 mil informales. En Moquegua la informalidad también supera el 100%, pues solo hay 70 vehículos legales y 181 informales.

En cuanto a Cusco, el problema alcanza el 80%, en Apurímac es similar y en Arequipa llega al 40%. Madre de Dios es otro caso crítico, pues presenta el parque automotor más saturado del sur, con cerca de 10 mil unidades, de las cuales 3 mil 430 son ilegales. En esa región la informalidad tiene forma de mototaxis, motocar y autos, que se dirigen a Cusco y a Puno.

Esta situación contraviene al Decreto Supremo 017- 2009, que norma el transporte regular a nivel nacional. La norma refiere que solo las unidades M1, es decir buses, deben prestar el servicio interprovincial. 

En ese punto, la normativa hace una excepción y permite el ingreso de unidades M2 (minivan) para zonas que no cuentan con buses. Este aspecto ha servido de excusa en regiones como Arequipa, para que los transportistas sin permiso o con resoluciones irregulares de circulación, saturen el parque automotor con estos vehículos. 

Asimismo, las unidades M3 (autos), H1 (Toyata Yaris) y los Station Wagon se suman a la lista de la informalidad en el Sur.

Al respecto, la jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Elvira Moscoso, recalca que el panorama es una respuesta a la falta de principio de autoridad de los titulares de los gobiernos regionales, quienes “deben aplicar la norma sin ser tolerantes”. 

Según la funcionaria, la informalidad en la parte Sur del país “es más agresiva y más intensa” que en la zona norte. “Los transportistas queman casetas y toman carreteras. Es la ley del caos”, grafica.

Para Moscoso, el auge económico es una de las razones que provocó el incremento de la informalidad. “Ahora se compran más unidades que antes”, refiere. El movimiento económico generado por el comercio y la minería ilegal también soportan al transporte ilegal.

La funcionaria informó que son tres rutas las que han sido identificadas como las más críticas. La primera es Moquegua – Tacna. En esta zona, según Raúl Hanco, director de Transporte de Tacna, los transportistas utilizan la carretera Panamericana para circular y llegar a Arequipa y Puno. Desde allí, por el sector de Laraquere, viajan hasta Desaguadero con impunidad. 

El segundo corredor es Juliaca – Puno. De acuerdo al titular del sector en esta región, Luder Dueñas, preocupa el sector de Ananea – La Rinconada, donde la principal actividad es la minería ilegal. Se calcula que al menos 1,000 unidades informales prestan el servicio a este sector, rico en oro.

La tercera vía involucra a las regiones de Arequipa e Ica. La conexión en estas dos jurisdicciones se hace a través de los distritos de Atico – Chala. 

Según Moscoso, para combatir el problema, el Ministerio de Transporte (MTC) pondrá en aplicación el Sistema Nacional de Registro de Transporte Terrestre, que permitirá que las regiones del sur cuenten con una base de datos compartida, que detalle qué unidades son formales y sus rutas.

A nivel nacional, desde agosto se realizará una Fiscalización Electrónica. Así se sabrá en minutos si los intervenidos son requisitoriados y si la unidad tiene todos los permisos.