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El continuo ejercicio del derecho al acceso a la información pública está permitiendo, poco a poco, fiscalizar mejor el patrimonio de las autoridades elegidas. La ONG Suma Ciudadana, por ejemplo, viene publicando sucesivos estudios de declaraciones juradas de políticos en el poder, a partir de una mayor permisión del sistema jurídico para que la gente pueda conocerlas. Antes no era posible saber cuántas casas tenía un presidente. Ahora sí.

Aunque parezca increíble, en el Perú se incumple el artículo 40 de la Constitución, según el cual es obligatoria la publicación periódica, en el diario oficial, de los ingresos que por todo concepto perciben los altos funcionarios. En los primeros siete años de su vigencia, el presidente Fujimori no mandó publicar una sola declaración jurada, según asegura el abogado Javier Casas, presidente de Suma Ciudadana. Este año pidió la información a la Contraloría General de la República, que administra los archivos correspondientes.

–Nos respondieron por escrito que no tienen una sola declaración de Fujimori –dijo Casas–. En 2001, tras la caída de Fujimori, un decreto continuamente demandado por inconstitucional determinó que las declaraciones juradas tuvieran dos partes, una reservada y otra pública. En la primera figura el patrimonio matrimonial: ingresos, bienes muebles e inmuebles, ahorros, acciones, inversiones financieras y deudas. En la segunda solo un estimado del valor de todo lo declarado. Esto era lo que hasta hace poco se permitía conocer al público.

Sucesivas demandas de hábeas data presentadas ante el Poder Judicial obtuvieron posteriormente sentencias, luego ratificadas por el Tribunal Constitucional, que descubrían “un poco más” el patrimonio del declarante y su cónyuge. Podían conocerse, por ejemplo, bienes muebles e inmuebles e ingresos del sector público. Pero no los ahorros, depósitos e inversiones en el sistema financiero, así como sus ingresos provenientes del sector privado. La última resolución de este tipo la expidió el Tribunal Constitucional en mayo del 2013.

El fallo confirmó una sentencia judicial que satisfizo parcialmente la pretensión del periodista Carlos Bracamonte de conocer el patrimonio completo de Alan García durante su período de gobierno. Vale decir, el contenido de sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre 2006 y 2011. Es digna de mención una de las razones del TC para oponerse a que se conocieran todas las cuentas del ex presidente. Porque la petición nacía de la “mera curiosidad”.

El propio Alan García no lo consideró así. Antes de que el TC diera a conocer su sentencia ya había hecho pública la información completa de sus declaraciones juradas. Para el tribunal, la revelación completa del patrimonio de un funcionario es opcional. Mientras tanto, hay que conformarse con conocer solo la relación de vehículos y casas.

A partir de las sentencias mencionadas, Suma Ciudadana solicitó a la Contraloría General de la República las declaraciones juradas de presidentes, parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios, con la finalidad de comparar su patrimonio al ingresar y salir del cargo público. Con arreglo a las sentencias del TC, no fue entregado el detalle del patrimonio registrado en bancos sino solo el valor estimado total de ese rubro. Sí se obtuvo, en cambio, la descripción y valor de cada uno de los bienes muebles e inmuebles. Como referencia para esta nota valgan tres ejemplos: los de los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García y el del alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos. Los tres son sospechosos de enriquecimiento ilícito, pero la lectura de la parte de sus declaraciones juradas dice todo lo contrario.

En el caso de Alejandro Toledo su patrimonio no ha hecho otra cosa que disminuir. La información obtenida no incluye la del año 2005 porque la Contraloría no la tiene y la Casa de Gobierno tampoco. Aparentemente Toledo no la entregó. Considerando casas y autos, termina su mandato con un patrimonio 25% menor al que tenía cuando se convirtió en presidente. El reporte de Suma Ciudadana señala que en 2001 Toledo declaró bienes por más de un millón de soles pero solo dio detalles por menos de quinientos mil. Setecientos mil quedan en el aire. En los siguientes años solo brinda valorización total, sin ningún detalle.

En cuanto a Alan García, comenzó su segundo mandato con tres inmuebles, valorizados en 896 mil soles, y lo terminó con uno solo, estimado en 557 mil. El alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, solo declara tener un auto y una casa al inicio de su mandato, en 2007. El valor de cada bien, al sumarse, es menor en cien mil soles a la cifra total, 506,160. En los años siguientes Burgos deprecia sus bienes, sin detallarlos. Suma Ciudadana hace notar la extrema informalidad de esta autoridad que es objeto de públicos cuestionamientos.

Tal vez haya una nueva ola de políticos pobres para la transparencia. Los recortes informativos no facilitan que la acción ciudadana descubra inveracidad en las declaraciones. En el gobierno, el equipo tecnocrático que aplica el Plan de Gobierno Abierto –un compromiso internacional del régimen– no considera necesario por el momento que la publicidad de los bienes sea más amplia. 

Políticos como Alan García han llegado a la conclusión de que una transparencia que vaya más allá de las leyes los beneficia. Esto explica que haya hecho públicas sus declaraciones juradas. En su caso esto aún no contesta numerosas preguntas, pero es un avance. Toledo, por su situación particular, estaría en la posición de que cuanto más oculte mejor. A su vez, Ollanta Humala y su esposa no parecen interesados en dar a conocer completamente su patrimonio.

Algunos ministros de Estado lo han hecho en regímenes pasados: Fernando Rospigliosi, Enrique Cornejo, Verónica Zavala. Actualmente lo hace el congresista Luis Galarreta. Uno ingresa a su página web (luchogalarreta.pe) y puede leer, completas, sus declaraciones juradas?

¿Por qué es tan difícil que el resto haga lo mismo? Tal vez sea porque tienen algo que ocultar.

El argumento de la seguridad es pueril, pero ha sido la clave del argumento del TC para mantener oculta al público una parte importante del patrimonio de los funcionarios públicos.

Javier Casas opina que la Contraloría debe abrir un debate. “Tiene que ir más allá de la lógica de un organismo auditor y convertirse en un perseguidor de la corrupción sobre la base de los indicios que revelan las declaraciones”, dice. En el Ministerio Público, donde sí se puede levantar el secreto bancario para investigar estos delitos, no se conoce una sola indagación resultante del análisis del patrimonio. De todos modos, la Contraloría cumple eficazmente la ley de acceso a la información pública con arreglo a las sentencias del TC. Lo prueban las bases de datos que construye Suma Ciudadana.

Ahora la periodista Adriana León, de la agencia INFOS, ha solicitado a la Contraloría una información de otro tipo, siempre basándose en los datos entregados en las declaraciones juradas. Desea saber cuántos funcionarios públicos declaran bienes y cuentas en el exterior. “Creo que nadie o muy pocos lo hacen”, dice León. La periodista ha solicitado solamente cifras, para no vulnerar, “por mera curiosidad”, las sentencias del TC.

Así: ¿cuántos presidentes de la República, desde el 2001 hasta hoy, han declarado bienes en el exterior? ¿Cuántos ministros del presidente Ollanta Humala lo hicieron? ¿Y cuántos congresistas que juraron el 28 de julio del 2011?

La Contraloría ha respondido que necesita más tiempo, porque su base de datos no la tiene ordenada en base al requerimiento. Pero anunció que lo hará. El ordenamiento de la información de acuerdo a esta variable será de enorme utilidad, pues muy pocos se consideran tan tontos como para declarar lo que tienen afuera. Es la mentalidad del político y alto funcionario peruano. ¿Cuántos tontos ha habido? La información se sabrá pronto.

LA REPUBLICA