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“Tenemos cinco ejes trascendentales. Uno de ellos es la corrupción (…). Hay acciones concretas en el campo normativo e interno del propio ministerio, en donde vamos a incluir una serie de dispositivos y alertas precisamente para determinar si es que existen posibles elementos de corrupción”, sostuvo.

Agregó que ello implica también una cooperación intensa con la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción y la formulación de propuestas normativas para combatir las corruptelas.

El ministro mencionó que otra prioridad de su despacho será impulsar el fortalecimiento del diseño de una nueva política criminal y penitenciaria.

Al respecto, informó que se trabaja intensamente para atender el problema de los penales, donde actualmente no sólo se cometen crímenes sino que muchas veces no se producen los efectos resocializadores esperados.

Resaltó, además, que el Ministerio de Justicia trabaja igualmente tanto en el aspecto normativo como en las estrategias para la prevención y el combate a la criminalidad.

En este contexto, puso énfasis en la reciente aprobación del proyecto de ley de lucha contra el crimen organizado, por parte de la Comisión de Justicia del Parlamento.

“Tengo entendido que está ad portas de publicarse el proyecto de ley de lucha contra el crimen organizado de la Comisión de Justicia del Congreso. Entonces, son iniciativas que nosotros impulsamos y que el Legislativo las aprueba”, refirió.

Sobre la política de derechos humanos y de acceso a la justicia, anunció que seguirán en el desarrollo de una agenda que implique a todos, sin importar ideologías, considerando que los peruanos contamos con derechos que pueden y deben ser exigibles.

“Ello establece como contraparte que existan niveles de responsabilidad y un catálogo de derechos que debemos respetar y cumplir”, comentó.

Por tanto, el ministerio desarrollará una agenda en que se fijarán los estándares internacionales de derechos y una fórmula de integración con las políticas de todos los sectores, gobiernos regionales y municipios.

En esta materia, también se conducirá el proceso de reparaciones derivado de los hechos de violencia de las décadas de 1980 y 1990, buscando la reconciliación, según declaró al Diario Oficial El Peruano.

Del mismo modo, velará por el afianzamiento de la seguridad jurídica en el país y la formación de una cultura legal, con normas claras y predecibles, a fin de que la ciudadanía conozca sus derechos.

Por su parte, el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila Herrera, garantizó que se trabajará por hacer de la protección de los derechos humanos una señal de identidad en el país y una nueva oportunidad para alcanzar ese valor de la democracia que es el bienestar de todos.

Precisó, por lo pronto, que en 15 días estaría listo el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.