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Defensoría: Gobiernos regionales y municipios deben implementar consulta previa

sábado, 27 de abril de 2013 , Posted by sincensuracanete.blogspot.com at 14:12



Los gobiernos regionales y municipios deben implementar como política pública la celebración de consultas previas para preservar derechos indígenas, manifestó hoy Alicia Abanto, adjunta a la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

Aunque la norma para implementarla se aprobó recién en la actual administración gubernamental, sostuvo que el Perú tenido varios años de “incumplimiento” porque el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por el gobierno peruano en 1995 como parte de un total de 22 naciones que también lo han ratificado.

Agregó que este instrumento jurídico internacional dispone la celebración de consultas previas para garantizar el respeto a los derechos de las poblaciones originarias.

En ese sentido, mencionó que Colombia es uno de los pocos países en la región latinoamericana que ha efectuado consultas previas en los últimos 15 años, en base a las sentencias emitidas por su sistema de administración de justicia.

“Pero en el caso peruano, hemos tenido varios años de incumplimiento, y recién con la Ley de la Consulta Previa se está procurando la implementación una política pública para involucrar no solo al Gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y municipios”, precisó.

Abanto refirió que hasta el momento se han identificado a 52 pueblos indígenas que pueden ser consultados ante la ejecución de algún proyecto de inversión en sus tierras.

Pero argumentó que esas consultas deben efectuarse “en el momento indicado” porque durante muchos años, el Estado ha tenido un descuido estructural en contra de los indígenas y eso genera cierto nivel de desconfianza.

Mencionó, por ejemplo, que las comunidades oriundas han recibido, durante décadas, menos servicios públicos, menos inversión, menos acceso a derechos elementales, etc.

“Por ejemplo, el derecho a la tierra debe consagrarse con el proceso de titulación, que se encuentra pendiente para un aproximado de mil 1500 comunidades (…) En ese aspecto, los gobiernos regionales no deben vulnerar derechos titulando tierras indígenas a favor de comunidades no indígenas”, comentó.

Además, consideró en Radio Nacional que la falta de base de datos no exime de responsabilidad al Estado en su conjunto de implementar el derecho a la consulta previa.

ANDINA

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