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El martes el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, acudió al Congreso para dar explicaciones sobre la denuncia de que su entidad habría firmado un convenio con un empresario procesado por tráfico de armas, mediante el cual este último donaría bloqueadores de celulares para el penal de máxima seguridad El Milagro de Trujillo.

Los hechos aún no están claros. Según el jefe del INPE, en la donación no intervino su institución, sino el municipio de La Esperanza. No obstante, de acuerdo a “Peru21”, en enero el señor Pérez Guadalupe viajó a Trujillo para inaugurar la instalación de dichos bloqueadores en el penal (evento que se frustró porque los aparatos no habían sido colocados). ¿Cómo se explica que el INPE no participe en la donación de equipos pero que sí esté dispuesto a recibirlos? Además, ¿acaso esta institución no es responsable de verificar el origen de los dispositivos de seguridad que planea instalar en un penal?

De existir responsabilidad por parte del INPE, estos últimos hechos se sumarían a una nutrida lista de escándalos ocurridos en los penales del país desde el inicio del gobierno. Los más resaltantes, sin duda, son los que tienen que ver con el reo mejor tratado del Perú: Antauro Humala. El hermano del presidente, recordemos, contaba con un iPhone con Internet en una prisión de máxima seguridad, daba entrevistas desde su alojamiento carcelario de lujo, recibía visitas románticas y dirigía desde la cárcel su periódico subversivo. Además, Antauro Humala ofrecía desde prisión servicios de lobbista para agilizar trámites y conseguir puestos dentro del Gobierno. Para colmo, nunca quedó claro cómo este reo, coincidentemente, se enfermaba en los feriados, lo que permitía que saliera en esos días de la cárcel. Y tampoco olvidemos que gozó del privilegio de ser trasladado a un penal mejor ubicado y más conveniente para él. El caso del reo Humala, según el jefe del INPE, se convirtió en su principal dolor de cabeza.

Otro lamentable incidente en el que se vio envuelto el INPE fue la fuga del penal de Challapalca. A inicios del año pasado, 17 presos huyeron del centro de reclusión llevándose armamento y municiones. Según el gobierno, la fuga fue posible gracias a la corrupción de funcionarios de la institución. Ello llevó al señor Pérez Guadalupe a relevar a todo el personal penitenciario del penal y pasarlo a investigación interna.

Ese, no obstante, no sería el único penoso evento en dicha cárcel durante el 2012. Meses después, durante un motín, los internos secuestraron a 15 empleados. Según el jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, se había advertido que esa cárcel tenía problemas de seguridad.

A estos hechos se sumó el caso de la fiesta realizada en el penal Castro Castro por el cumpleaños de un recluso, donde abundaron el whisky, la chicha de jora, las animadoras y la música. Este suceso llevó a la destitución del director del penal y de otros trabajadores responsables. En esa oportunidad, el jefe del INPE se lamentó diciendo: “Es muy complicado encontrar gente idónea y honesta para el puesto. En mi gestión hemos cambiado cuatro veces de director del penal Castro Castro”.

La lista, en fin, es larga, pues también incluye los problemas de las fotos y del video de las condiciones carcelarias de Fujimori, la entrevista a Elena Yparraguirre, la huelga del personal del INPE, el motín en Socabaya, entre otros.

El trabajo del jefe del INPE sin duda es uno de los más arduos en todo el Estado. Hay que reconocer también que la situación heredada por gobiernos pasados es calamitosa, que en la gestión del señor Pérez Guadalupe se han destituido más funcionarios penitenciarios que durante todo el gobierno aprista, que se han iniciados cientos de procesos disciplinarios y que se han transferido importantes recursos al sector. El jefe del INPE, además, es considerado por varios especialistas consultados por este Diario como un funcionario que está enfrentando de manera seria la reforma penitenciaria. Pero la idea que estos escándalos transmiten a la opinión pública es que el Gobierno no le entrega al señor Pérez Guadalupe todos los recursos necesarios para reformar su institución o, en el caso contrario, que este último no es la persona adecuada para liderar dicha reforma. El Gobierno, por eso, debe demostrar que en el tema penitenciario las cosas sí están bajo control.

EL COMERCIO

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