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Fiscal provincial titular del Distrito Judicial de Cañete.

En los últimos años han aparecido muchos ‘sindicatos’ de construcción civil, debido a la sencillez de los trámites de inscripción sindical. Por ejemplo, solo basta con tener 20 trabajadores, que incluso pueden ser familiares, esposas o convivientes e hijos, para poder formalizarse.

Dicha conformación empresarial les permite tener la protección de la Constitución, así como de los tratados firmados por el Perú con la OIT y, por lo tanto, sus disoluciones no se pueden realizar administrativamente, sino a través de una decisión judicial.

Estos ‘sindicatos’ se han convertido en una amenaza permanente para los empresarios de la construcción: se apropian del 3% de los presupuestos de las obras y exigen ser considerados accionistas de las empresas constructoras.

Sin embargo, esto no queda aquí, debido a que usan la plataforma empresarial para presionar al poder político y con ello conseguir, con chantajes, laborar en las obras. La modalidad que aplican consiste en imponer un gran número de pseudotrabajadores a los empresarios constructores, que incluyen a los llamados ‘supervisores de los sindicatos’, pero que en la práctica no son otra cosa que ‘sicarios’.

Estos ‘sindicatos’ pasaron a diseñar su propia estrategia para apropiarse del dinero de las empresas constructoras, optando para ello por la agresión física, el asesinato para sacar del camino a los verdaderos sindicalistas que se le opongan, y la extorsión. Todo esto nos hace recordar la época negra del sindicalismo norteamericano, cuando pseudosindicatos realizaban actos criminales ‘escudándose’ en el derecho de los trabajadores.

Como fiscal provincial de la Fiscalía Penal de Mala, he podido apreciar, por ejemplo, cómo en las obras de construcción de los diversos balnearios de Cañete, miembros de construcción civil se apostaban en las puertas de ingresos de las obras, desde tempranas horas, vistiendo polera con capucha para cubrirse parte del rostro, y portando mochilas que contenían revólveres, a vista y paciencia de las fuerzas del orden, manteniendo en zozobra a los empresarios constructores.

Existe un marco jurídico que permite la suspensión del registro de las malas organizaciones sindicales de la construcción; sin embargo, el problema radica en el temor que sienten los empresarios para denunciar los hechos.

En ese sentido, propongo que los representantes del Ministerio Público y el Departamento Especializado de la Policía Nacional realicen de manera conjunta operativos de control de identidad, el cual permita conocer la verdadera identidad de los ‘trabajadores’, si cuentan o no con antecedentes penales o judiciales y, por otro lado, saber, con la información que proveerá la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, si las personas que cuentan con armas tienen o no licencia para ello.

POR: http://actualidadcanetana.blogspot.com/