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Es una lástima que se haya interpuesto la torpeza, al menos, cuando no la parcialización y la falta de transparencia en el proceso electoral. Lástima que esta vez no se les haya podido dar continuidad a los ejemplares procesos electorales –nacionales, regionales y municipales– que se dieron desde el 2001 luego de la recuperación de la democracia. Otra está siendo la historia. 

A diez días de las elecciones destacan tres lamentables conclusiones sobre este accidentado y penoso proceso electoral y se abre una gran interrogante sobre lo que le espera al Perú para después.

Primero, el comportamiento inconsistente, caótico –y hasta sospechoso– de la autoridad electoral. Esto incluye tanto al aparato administrativo de la justicia electoral (el ineficiente Registro de Organizaciones Políticas) y al propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con interpretaciones formalistas y contrarias a principios fundamentales del Estado de Derecho, la autoridad judicial electoral usurpó el derecho ciudadano de escoger sacando de carrera a dos candidatos presidenciales –Julio Guzmán y César Acuña– que en encuesta nacional previa alcanzaban juntos casi el 30% de las preferencias. La candidatura de Guzmán destacaba en esos días por ser la única que podía ganar a Keiko Fujimori en la eventualidad de una segunda vuelta.

Mucho del razonamiento y fundamentación de la autoridad judicial electoral ha sido contrario al ordenamiento internacional y a otras normas que toda autoridad está obligada a respetar. 

Así, se ha violado el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que ese derecho se puede reglamentar sólo “por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. El JNE, pues, no podía excluir candidatos con los endebles fundamentos utilizados. 

Asimismo, como ya lo he dicho acá (LR 3/3/16), el formalismo en el razonamiento de la autoridad electoral también es contrario al Estado de Derecho democrático. Está prescrito desde que se dictó el 2001 la Ley General de Procedimientos Administrativos (27444). 

La segunda conclusión es haber constatado la profundización de la tremenda debilidad de las instituciones de representación ciudadana y, en particular, de los partidos políticos. Si para el día de la votación sobrevivirán sólo la mitad de los 19 presidenciales originales, el hecho es que se inscribieron muchísimas fórmulas presidenciales y más de 2,500 candidatos al Congreso. ¿Explosiva fuerza participativa? No. Por el contrario, expresión del colapso de los partidos y de la institucionalidad sustituidos por afanes personales de figuración que va llegando a su clímax como expresión de la disolución de cualquier atisbo de planteamientos programáticos para sustentar cada candidatura.

Tercero, un lamentable proceso en el que se ha acentuado la brecha entre la ciudadanía y el sistema político y en el que, a la vez, se avanza en la polarización en la sociedad peruana. Los manejos equívocos del JNE han repercutido en que un sector importante de la ciudadanía se encuentre erizado y en las calles. Se percibe entre muchos como una amenaza que el fujimorismo retome el gobierno y, con ello, resucite la cleptocracia, la intolerancia, el atropello a los derechos ciudadanos y que cualquier adversario –como otrora– sea sindicado como “terrorista”, tal como lo han hecho sentir varias veces los fujimoristas en el curso de la campaña. 

Si ha habido mítines y manifestaciones a favor de las diferentes candidaturas, como es usual, lo inusual ha sido la paralela expresión ciudadana contra una candidatura a la que muchos perciben como beneficiaria de parcialización por la autoridad electoral. Llegamos, pues, en malas condiciones al 10 de abril. 

¿Qué saldrá de esto? Dependerá, como es obvio, del resultado. Pero, muy probablemente, un Congreso fragmentado y un gobierno débil, aún más débil que el actual. O peor aún, la amenaza de que la intolerancia y el oscurantismo se hagan nuevamente de las riendas del gobierno llevando al país a una espiral de polarización.