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Juan José Garrido,La opinión del director

director@peru21.com

Increíblemente, no había que retroceder tanto. Hace tan sólo 26 meses, en agosto del 2011 para ser exactos, el Legislativo contaba con una aprobación mayor a la desaprobación: 41% frente a 39%. No era gran cosa, pero a leguas del 89% de desaprobación registrado en julio reciente, resultado irrefutable de la “repartija”.

La deslegitimación del Congreso no es un tema menor; pone en riesgo, de plano, a nuestra débil democracia. Por ello, debemos partir por entender los fundamentos de la legitimidad, y cómo recuperarla cuando esta se pierde.

Puesto en sencillo, la legitimidad de una institución depende de la congruencia entre el sistema de valores de la entidad y del sistema social al que pertenece. Cuando existe una disparidad entre ambos sistemas de valores, es la entidad quien pone en riesgo su viabilidad social.

En el caso del Congreso peruano, son el comportamiento de sus miembros al nivel individual, público y privado, así como las decisiones del colectivo las que socavan los niveles de reputación institucional. Deben actuar pronto, y en concordancia con lo que la población espera, no lo que ellos consideran oportuno para sus intereses particulares.

Para empezar, podrían avanzar con aquellos temas que atañen exclusivamente a su fuero. Los nombramientos del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y Defensoría del Pueblo son lo más obvio. No tendría por qué ser difícil consensuar una terna de notables. Otra acción, aunque obvia, sería tratar a todos con la misma vara. Imaginamos que el caso del congresista Urtecho no es único, y por ello sería bien recibido si se ventila el resto de casos.

El Congreso tiene que hacer algo, y pronto. De lo contrario no contaremos con un pilar democrático el día que sea necesario.